Derechos cuestionados: la reconfiguración de las políticas de igualdad en Argentina (2023–2025)

Introducción

En los últimos años, las políticas de igualdad de género en Argentina han atravesado un proceso de reconfiguración que la literatura especializada identifica como backsliding, es decir, un retroceso en la institucionalización y en la implementación efectiva de estas políticas entre 2023 y 2025. Este fenómeno se inscribe en una contraofensiva neoconservadora de alcance regional y global, ampliamente documentada por estudios recientes sobre políticas de igualdad (ONU Mujeres, 2020). Desde una perspectiva científica, el análisis de estos procesos resulta relevante en tanto permite examinar la relación entre discursos políticos, reconfiguraciones institucionales y garantías de derechos en contextos democráticos contemporáneos.

En el caso argentino, el cuestionamiento a las políticas de igualdad se articula en torno a narrativas que impugnan la denominada “ideología de género”¹ y desplazan el debate público hacia una lógica de “batalla cultural”. Como señalan Berdondini y Vinuesa (2024), el denominado discurso “anti-woke”² apela a nociones de eficiencia estatal y a la defensa de valores tradicionales para deslegitimar las políticas de género, presentándolas como ideologizadas o prescindibles. En este marco, y siguiendo a Daveiro (2024), dicho discurso no opera únicamente como una retórica política, sino como un dispositivo de legitimación que habilita la redefinición de las capacidades estatales y la erosión de consensos democráticos construidos en las últimas décadas.

Este proceso adquiere particular relevancia a partir del cambio de orientación política del Poder Ejecutivo nacional ocurrido el 10 de diciembre de 2023, con la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación Argentina. Su llegada al gobierno se inscribe en el avance de las derechas radicales en América Latina y marca una reorientación del rol del Estado caracterizada por la deslegitimación de la intervención pública, el antifeminismo y la ausencia de un enfoque de derechos humanos e interseccionalidad (Berdondini & Vinuesa, 2024; Daveiro, 2024). En este marco, el presente estudio se fundamenta empíricamente en el análisis de decisiones recientes que impactan de manera directa sobre políticas públicas de género previamente institucionalizadas.

La literatura internacional advierte que los procesos de backsliding en materia de género se manifiestan a través de la erosión de marcos normativos, institucionales y discursivos (ONU Mujeres, 2020). En Argentina, estas dinámicas se expresan de manera específica mediante el discurso “anti-woke”, articulado en torno a la noción de “ideología de género”, y se traducen en decisiones concretas como el desmantelamiento del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD)³, los intentos de modificación de normativas vinculadas a la paridad de género y el vaciamiento de políticas orientadas a la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género, entre otros. Estos antecedentes permiten delimitar el problema de investigación y situarlo en un marco teórico y empírico actualizado.

En este contexto, la hipótesis que guía el presente trabajo sostiene que el proceso de backsliding en curso, reforzado por prácticas discursivas antifeministas y anti-derechos, debilita la institucionalización del enfoque de género en el Estado argentino y afecta de manera diferencial la percepción social sobre la protección y promoción de derechos. En particular, se postula que el debilitamiento de los marcos institucionales de género constituye un factor central en la construcción de percepciones de vulnerabilidad entre mujeres y diversidades sexuales.

A partir de lo expuesto, el presente trabajo se propone analizar críticamente el impacto de las orientaciones políticas y discursivas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional de Argentina desde diciembre de 2023 sobre las políticas de igualdad de género. El objetivo general consiste en examinar la incidencia de estas orientaciones en el diseño, la implementación y la legitimidad del entramado institucional de género. Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos: a) Identificar las principales transformaciones institucionales vinculadas a la redefinición o el desmantelamiento de las políticas de igualdad; b) Analizar el papel del discurso denominado 'anti-woke' en la legitimación de dichas transformaciones; c) Evaluar los efectos de estos procesos sobre la protección y promoción de los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+.

Cabe señalar que, a lo largo de este artículo, se utilizará el acrónimo LGBTIQ+ para referir a personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersex y queer, así como a otras identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas. El signo “+” se incorpora para señalar el carácter abierto de la categoría, reconociendo la pluralidad y el dinamismo de las experiencias sexo-genéricas en el contexto argentino contemporáneo.

Metodología

La presente investigación se inscribe en un diseño metodológico de carácter exploratorio–descriptivo, con un enfoque mixto que articula técnicas cualitativas y cuantitativas, con predominio del análisis cualitativo. Este abordaje resulta adecuado para examinar el impacto de las decisiones políticas y discursivas adoptadas por el gobierno nacional argentino a partir del 10 de diciembre de 2023 sobre las políticas de igualdad de género, en tanto permite captar simultáneamente la magnitud de las percepciones sociales frente a estos procesos y los marcos interpretativos que las sustentan. Asimismo, el enfoque mixto posibilita analizar de manera integrada los cambios producidos en la arquitectura institucional del Estado y los sentidos sociales construidos en torno al rol estatal y la garantía de derechos de mujeres y personas LGBTIQ+, en un contexto regional e internacional atravesado por el avance de discursos conservadores y procesos de backsliding en materia de políticas de género.

El estudio se desarrolló en Argentina durante el segundo semestre de 2024 y los primeros meses de 2025, período caracterizado por profundas transformaciones normativas, organizacionales y simbólicas en el campo de las políticas de género. La estrategia metodológica combinó el uso de fuentes primarias y secundarias, así como distintas técnicas de recolección y análisis de datos.

En el plano cuantitativo, se implementó una encuesta estructurada de modalidad digital, distribuida a través de redes sociales y redes de activismo, con el objetivo de relevar percepciones generales sobre el retroceso en las políticas de igualdad. Se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia, compuesta por 100 participantes, cuyos criterios de inclusión fueron ser mayores de 18 años, residir en Argentina y manifestar interés en temáticas vinculadas a los derechos de mujeres y diversidades. Las variables se operacionalizaron a partir de la percepción de retroceso en políticas de género (escala nominal: Sí, No, Tal vez) y de las áreas percibidas como afectadas (salud, educación, trabajo, violencia y políticas públicas), admitiendo respuestas múltiples. El análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva, a partir del cálculo de frecuencias absolutas y porcentajes, sin recurrir a métodos inferenciales, en función del carácter exploratorio del estudio. Asimismo, el instrumento incluyó preguntas abiertas que permitieron complementar el análisis cuantitativo mediante la recuperación de valoraciones, argumentos y sentidos asociados a las percepciones relevadas.

El componente cualitativo se orientó a indagar en profundidad las percepciones subjetivas, experiencias y sentidos atribuidos al impacto de las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional en materia de políticas de género. Para ello, se recurrió a la realización de entrevistas semiestructuradas como principal técnica de recolección de datos primarios. El instrumento consistió en una guía de catorce (14) preguntas abiertas y guionadas, con una duración máxima estimada de quince (15) minutos por entrevista. Los ejes temáticos abordados incluyeron percepciones generales sobre las políticas de género, impactos en la vida cotidiana, formas de organización y resistencia, así como miradas y expectativas a futuro. Las entrevistas se realizaron a informantes clave seleccionados mediante un muestreo intencional y teórico, priorizando la saturación conceptual por sobre la representatividad estadística. Los criterios de inclusión contemplaron la diversidad de género —incluyendo personas que se autoperciben como mujeres, varones y personas no binarias—, la heterogeneidad de trayectorias biográficas y perfiles, un rango etario amplio comprendido entre los 18 y los 75 años, y la localización geográfica en distintas localidades de la Argentina, con el objetivo de captar perspectivas generacionales y territoriales diversas.

De manera complementaria, el análisis del componente estructural del Estado se abordó a partir de un muestreo documental intencional. En este caso, las unidades de análisis estuvieron conformadas por un corpus documental y discursivo seleccionado bajo criterios de relevancia, actualidad y pertinencia analítica, integrado por normativa nacional —leyes, decretos, resoluciones y disposiciones administrativas—, proyectos de reforma normativa, discursos oficiales, entrevistas y declaraciones públicas del presidente de la Nación y de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, comunicados institucionales, así como informes de organismos internacionales, documentos de organizaciones de la sociedad civil y producción académica reciente especializada en género y derechos humanos. Asimismo, se incorporó un componente cuantitativo descriptivo basado en datos secundarios, orientado a contextualizar el estado de la cuestión en materia de políticas de género y derechos humanos, a partir del relevamiento y sistematización de información proveniente de organismos internacionales y organizaciones especializadas, entre las que se incluyen Amnistía Internacional, Data Género, Ahora Que Sí Nos Ven, el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (OGyPP), ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Fundación Mujeres x Mujeres, La Casa del Encuentro, la Red de Observatorios Universitarios con Perspectiva de Género y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras.

Las variables analíticas del estudio se estructuraron en torno a dimensiones centrales como el grado de institucionalización del enfoque de género en el Estado nacional, la orientación discursiva del gobierno respecto de las políticas de igualdad, el nivel de compromiso estatal con la garantía de derechos de mujeres y personas LGBTIQ+ y las manifestaciones del backsliding en las políticas públicas de género. Estas dimensiones se operacionalizaron mediante categorías analíticas tales como desmantelamiento institucional, modificación normativa, vaciamiento presupuestario y programático y retórica “anti-woke”. El análisis de los datos cualitativos se llevó a cabo mediante técnicas de análisis documental, análisis temático y análisis crítico del discurso, a partir de la sistematización y codificación del corpus y la comparación temporal entre el período previo y posterior al cambio de gobierno, lo que permitió identificar continuidades, rupturas y tendencias. La articulación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo posibilitó la triangulación de datos y el fortalecimiento de la validez analítica de los resultados.

Finalmente, se reconocen como principales limitaciones del estudio el carácter no probabilístico de las muestras, el sesgo de autoselección derivado de la distribución digital de la encuesta, la centralidad del análisis documental y discursivo y el carácter reciente del período analizado, lo que puede restringir la observación de efectos sociales de largo plazo. No obstante, estas limitaciones se atenúan mediante la diversidad de perfiles de las personas entrevistadas, la pluralidad de fuentes consultadas, la triangulación metodológica y la articulación permanente con marcos teóricos y antecedentes empíricos consolidados, reforzando la prudencia interpretativa y evitando generalizaciones universales.

Resultados y Discusión

Desde el año 2023, las políticas de igualdad de género en la Argentina se encuentran inmersas en un proceso de cuestionamiento y desarticulación progresiva, en un contexto político signado por el ascenso de discursos anti-woke y por una narrativa que desacredita las agendas de género bajo la retórica de la denominada “ideología de género”. En este sentido, distintos análisis advierten que, a diez años del surgimiento del movimiento “Ni Una Menos”, coexisten avances históricos con retrocesos recientes asociados a la proliferación de discursos de odio y a la deslegitimación de estas políticas (Belkis, 2025). Este escenario se inscribe en lo que ONU Mujeres (2020) conceptualiza como un proceso de backsliding, entendido como el retroceso en la institucionalización del enfoque de género dentro de la arquitectura estatal y la retracción de los compromisos asumidos por el Estado en materia de igualdad (ONU Mujeres, 2020, p.1).

Este proceso tuvo su primer hito con la degradación del MMGyD a Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, lo que implicó una pérdida sustantiva de jerarquía institucional, capacidad de intervención y poder de coordinación. Al momento de esta degradación, el presupuesto asignado al organismo representaba apenas el 0,14 % del presupuesto total de la Administración Pública Nacional (Asociación de Trabajadores del Estado [ATE], 2024, p. 14). Posteriormente, en junio de 2024, el área fue directamente eliminada, suprimiéndose toda estructura específica dedicada a las políticas de género a nivel nacional. Esta decisión produjo un efecto dominó en el resto del país: once provincias desmantelaron o degradaron sus organismos de género, reduciendo su autonomía institucional y presupuestaria. En la actualidad, solo dos jurisdicciones —la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Neuquén— mantienen ministerios específicos dedicados a estas agendas. En este mismo sentido, el 11 de noviembre de 2024, Argentina se convirtió en el único país miembro de la ONU en votar en contra de una resolución destinada a intensificar las acciones para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Sostener las políticas públicas de abordaje de la violencia de género, en los últimos 18 meses, ha representado un desafío significativo para provincias y municipios. Esta dificultad se debe tanto a la escasez de recursos como al menor espacio que estas problemáticas ocupan en la agenda pública, así como a la reciente difusión de discursos contrarios a los derechos de las mujeres y diversidades (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, 2025)

Este proceso de desarticulación institucional se enmarca en un contexto discursivo más amplio. Según Tabbush y Caminotti (2020), la denominada “ideología de género” se ha consolidado como una herramienta política y una estrategia epistemológica empleada por actores conservadores para cuestionar la noción de género como construcción social, así como para deslegitimar a los movimientos feministas y a las agencias internacionales de derechos humanos. En articulación con esta estrategia, emergen narrativas anti-woke que refuerzan una “batalla cultural” contra las políticas de reconocimiento y redistribución dirigidas a sectores históricamente vulnerados, narrativas que, en el contexto actual, son promovidas y legitimadas desde el propio Poder Ejecutivo nacional (Pecznik, 2025, p. 21).

Estas narrativas no permanecen en el plano simbólico, sino que se traducen en una reconfiguración concreta del horizonte político-institucional, cuyo punto de inflexión fue el arribo de Javier Milei al gobierno nacional produciendo una reconfiguración del modo de concebir el rol del Estado y las relaciones sociales (Berdondini & Vinuesa, 2024). Esta conceptualización se asienta en la deslegitimación de la intervención estatal, el antifeminismo y la ausencia de un enfoque de derechos humanos e interseccionalidad (Daveiro, 2024, p. 151). Un ejemplo paradigmático de esta orientación fue la decisión del Ejecutivo Nacional de renombrar, el 8 de marzo de 2024⁴, el Salón de las “Mujeres Argentinas del Bicentenario” de la Casa Rosada como “Salón de los Próceres”, acción de fuerte carga simbólica que tuvo lugar el mismo día en que los colectivos feministas y de mujeres se movilizaban en defensa de las políticas de igualdad y los derechos adquiridos.

La ideología woke es un virus mental. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada, es el cáncer que hay que extirpar. El wokismo se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera de cambio climático (Javier Milei, Presidente de la República Argentina, 23 de enero de 2025, Foro de Davos, Suiza).

En este contexto emergen una serie de interrogantes que orientan el presente trabajo: ¿cómo impactan estos procesos en la percepción social sobre las políticas de igualdad de género? ¿De qué manera incide el discurso anti-woke en la construcción de sentidos sociales? ¿Qué formas de resistencia, reorganización o reconfiguración despliegan los movimientos feministas y LGBTIQ+? ¿Qué expectativas y proyecciones se construyen en torno al futuro de los derechos de mujeres y diversidades?

Tal como se expone en el marco metodológico, el instrumento de medición se estructuró en torno a cuatro ejes temáticos: percepciones generales; impacto en la vida cotidiana; formas de organización y resistencia; y mirada a futuro.

Esta estrategia permitió relevar experiencias personales y sentidos atribuidos por las personas participantes, organizando los resultados en los siguientes núcleos analíticos:

a) percepciones generalizadas; b) impacto en la vida cotidiana; c) formas de organización y resistencia; d) proyecciones a futuro.

Esta organización temática del instrumento de medición permitió articular de manera coherente los distintos niveles de análisis, conectando las experiencias individuales con los procesos estructurales y las narrativas sociales. De este modo, fue posible identificar no solo la percepción sobre el retroceso institucional, sino también las implicancias concretas de estas transformaciones en la vida cotidiana de las personas y en las estrategias de resistencia y movilización de los movimientos feministas y LGBTIQ+. Asimismo, esta estructura facilitó la comprensión de cómo se proyectan y se interpretan las políticas de igualdad de género en un contexto marcado por discursos anti-woke y por la desarticulación de programas y organismos especializados, permitiendo vincular directamente estas percepciones con la primera pregunta del campo empírico: ¿perciben las personas un retroceso en los derechos de mujeres y diversidades en el último año? (Figura 1).

En términos generales, la mayoría de las personas informantes percibe un debilitamiento significativo de la institucionalización del género, particularmente en áreas como salud sexual y reproductiva, prevención de las violencias, educación sexual integral con perspectiva de género, trabajo y acceso a recursos económicos (Figura 2).

Esta percepción se ve reforzada por el relevamiento de información secundaria proveniente de organizaciones de la sociedad civil y observatorios especializados, entre ellos Amnistía Internacional, Data Género, Ahora Que Sí Nos Ven, OGyPP, ELA, Fundación Mujeres x Mujeres, La Casa del Encuentro, la Red de Observatorios Universitarios con Perspectiva de Género y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, entre otros.

Desde un abordaje cuantitativo y documental, los datos muestran un patrón consistente de recortes y desarticulación. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (2024) analizaron el impacto de la reducción jerárquica del MMGyD) en el Programa Acompañar- política pública que brinda asistencia económica y acompañamiento psicosocial a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género, con el fin de promover su autonomía, ofreciendo un monto mensual equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por seis meses, junto con apoyo integral para un proyecto de vida autónomo, gestionado con la articulación de provincias y municipios, y donde la línea 144 es clave para el acceso- durante el primer trimestre de 2024, registrando una ejecución presupuestaria del 79 %, frente a niveles significativamente superiores en el mismo período de 2023. Asimismo, Amnistía Internacional Argentina (2024) advierte que la Línea 144 - es un servicio nacional, gratuito y confidencial de atención telefónica en Argentina, disponible las 24 horas, que brinda contención, asesoramiento y derivación a personas en situación de violencia de género, a través de un equipo interdisciplinario, constituyéndose en un recurso clave de acompañamiento y articulación con otros dispositivos de asistencia- fue objeto de recortes presupuestarios y de personal: durante el primer semestre de 2024 se ejecutó un 28,45 % menos del presupuesto respecto del año anterior, y en junio se produjo el despido del 42 % del personal.

En la misma línea, el Programa Acercar Derechos - fue una política pública argentina, creada para brindar acompañamiento integral (psicológico, social y legal) a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género, facilitando su acceso a la justicia y derechos- fue desmantelado de manera sistemática. Durante los primeros meses de 2024, el dispositivo fue eliminado en al menos cinco provincias —Catamarca, Formosa, La Pampa, Misiones y Santa Cruz— y, en términos operativos, pasó de acompañar a 2.897 personas en el primer trimestre de 2023 a 1.060 en el mismo período de 2024, lo que representa una disminución del 65 % en los acompañamientos realizados (Amnistía Internacional Argentina, 2024).

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, Abrevaya y Tibiletti (2024) destacan que el gasto nacional en salud sexual y reproductiva alcanzó su nivel más bajo en nueve años. A noviembre de 2024, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina había ejecutado solo el 15 % del presupuesto destinado a la Prevención del Embarazo Adolescente y el 25 % del correspondiente al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (Plan ENIA)- política pública argentina (2017-2024) que buscó reducir embarazos adolescentes mediante educación sexual integral (ESI), acceso a anticonceptivos (DIU, implantes) y consejerías en escuelas y centros comunitarios-.

Según el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (2025), pese a la evidencia acumulada sobre sus resultados positivos, estas políticas fueron desarticuladas por el actual gobierno. En el ámbito educativo, Amnistía Internacional Argentina (2024) señala un profundo desfinanciamiento de los equipos provinciales de Educación Sexual Integra⁵ poniendo en riesgo la continuidad del programa y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Este proceso se profundizó con el anuncio realizado el 23 de mayo de 2025, cuando el Ministerio de Justicia de la Nación Argentina dispuso el cierre de diez programas nacionales con perspectiva de género y diversidad, que constituían pilares centrales de la política pública orientada a la ampliación de derechos y al fortalecimiento de las autonomías de mujeres y personas LGBTIQ+. Entre los programas discontinuados se encuentran MenstruAR, destinado a garantizar el acceso equitativo a insumos de gestión menstrual como parte del derecho a la salud; Promotoras y promotores territoriales de género y diversidad, orientado al acompañamiento comunitario y a la detección temprana de situaciones de violencia; y el Programa de Fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad, cuyo objetivo era consolidar capacidades institucionales y redes territoriales de intervención.

Asimismo, fueron eliminadas las Escuelas populares de formación en género y diversidad “Macachas y Remedios”, que promovían procesos de formación política y ciudadana con perspectiva de género; el programa Sembrar Igualdad, orientado a transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas y promover la igualdad sustantiva; y el dispositivo de Acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero, que brindaba acompañamiento integral frente a múltiples formas de exclusión estructural. A estos se sumaron los Dispositivos territoriales de protección integral, destinados a la atención interdisciplinaria en contextos de violencia; el programa Igualar, enfocado en la promoción de la igualdad en el ámbito laboral y productivo; y Apoyo urgente ante violencias extremas, que contemplaba respuestas inmediatas ante situaciones de alto riesgo, incluyendo asistencia económica y articulación interinstitucional.

Completan este conjunto el cierre de Formar Igualdad, orientado a la capacitación de agentes estatales en perspectiva de género y diversidad, y del programa Producir y Generar evidencia, destinado a la producción de información, indicadores y diagnósticos para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas con enfoque de género. En su conjunto, estos programas —de alcance nacional y fuerte anclaje territorial— estaban dirigidos prioritariamente a poblaciones en situación de vulnerabilidad y combinaban intervenciones directas (asistencia urgente, acompañamiento integral, provisión de insumos vinculados a la salud sexual y reproductiva) con estrategias de mediano y largo plazo orientadas al cambio cultural, la participación democrática, la inclusión laboral y el fortalecimiento comunitario.

En línea con los testimonios relevados en las entrevistas, la eliminación de estos dispositivos es percibida no sólo como un recorte presupuestario, sino como una decisión política que debilita de manera significativa la presencia del Estado en los territorios, restringe el acceso efectivo a derechos y profundiza desigualdades estructurales, especialmente en contextos rurales, comunitarios y en sectores con menor capacidad de respuesta institucional. De este modo, el cierre simultáneo de programas con estas características refuerza empíricamente la hipótesis de un backsliding estructural, en el que el retroceso de la institucionalización del enfoque de género impacta de manera directa tanto en las capacidades estatales como en las experiencias cotidianas y en los sentidos atribuidos a la igualdad como derecho garantizado por el Estado.

Desde el análisis cualitativo emerge una marcada polarización en torno a estas medidas. Por un lado, quienes interpretan la desarticulación de las políticas de género como una regresión en términos de derechos, la conciben como una decisión política con implicancias materiales y simbólicas, enmarcada en una disputa cultural que deslegitima años de institucionalización.

Me parece una pésima decisión que guarda muchísima coherencia con el discurso del Poder Ejecutivo, que expresa desprecio y deseos de eliminar cualquier persona que sea parte de una disidencia o no sea heteronormativo en su condición, género o decisiones de vínculo (Entrevistado 6, 2025).

La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad representa un claro retroceso en la institucionalización de políticas con perspectiva de género. Esta decisión debilita mecanismos de prevención y atención construidos en los últimos años, y deja al Estado con menos herramientas para abordar estas problemáticas, afectando especialmente a quienes más las necesitan (Entrevistada 23, 2025).

Por otro lado, quienes valoran positivamente estas decisiones las asocian a criterios de eficiencia y reducción del gasto estatal, y las leen como una señal política alineada con la “batalla cultural” contra una agenda considerada impuesta o innecesaria.

Tal como estaba planteado, no tenía sentido su existencia. Una Secretaria/Ministerio tiene que estar para mejorar/aumentar/velar por políticas que beneficien el aérea en cuestión, no para reemplazar las leyes vigentes, o ser policía del aérea. (Entrevistade 37, 2025).

Me parece que se utiliza como mensaje en contra del movimiento feminista y mantener la agenda en contra de las minorías. En términos puntuales, la creación de un Ministerio no modifica rotundamente nada (Entrevistada 88, 2025).

En este marco, el backsliding se presentan como acción material y simbólica de quiebre con respecto a los marcos normativos y discursivos desarrollados durante los últimos años en materia de políticas de género. ¿De qué manera las narrativas que justifican estos recortes impactan en la percepción social sobre las políticas de género? Este escenario evidencia una disputa no solo por los recursos institucionales, sino también por los sentidos y valores que sostienen las políticas de igualdad. El retroceso en su institucionalización no es neutro: pone en tensión el lugar que ocupan los derechos de género en la agenda pública actual. ¿Cómo impacta este contexto en las trayectorias cotidianas? En cuanto al impacto en la vida cotidiana, el 28 % de las personas participantes manifestó haberse visto afectada personalmente por estas medidas, el 59 % no percibió impactos directos y el 13 % prefirió no responder (Figura 3).

No obstante, las respuestas cualitativas evidencian que quienes sí se sienten afectadas atraviesan situaciones de precariedad, angustia e inseguridad, especialmente en relación con el trabajo y el acceso a recursos económicos. Asimismo, se registran impactos en el bienestar subjetivo —fragilidad, miedo, impotencia— y en el ejercicio de derechos básicos, particularmente entre militantes feministas, trabajadoras y trabajadores estatales y personas de colectivos disidentes.

En este punto se vuelve más visible el rol del discurso anti-woke y de la noción de “ideología de género” como herramienta política. Tal como señala Morán Faúndes (2023), este significante opera como estrategia de movilización neoconservadora, legitimando el odio, reforzando el binarismo y debilitando el pluralismo cultural.

La calidad de vida se ha deteriorado en general y vuelven a circular discursos misóginos. No llego a fin de mes, debo pagar los medicamentos, la luz, el gas y, sobre todo, los alimentos (Entrevistado 67, 2025)

Frente a esta contraofensiva, persisten diversas formas de organización y resistencia: marchas, asambleas, trabajo territorial de ONG, activismo digital y espacios comunitarios y culturales continúan siendo herramientas clave de visibilización y acción colectiva. Sin embargo, la mayoría de las personas informantes percibe una disminución de su impacto en la agenda pública, una mayor fragmentación de las prácticas de resistencia y dificultades para sostener la movilización en un contexto adverso.

Me gustaría pensar en que la situación se va a revertir y van a volver a existir políticas de género, pero ahora pareciera que lo único que se va a recibir para estos colectivos son ataques simbólicos, económicos y políticos (Entrevistada 14, 2025).

Según lo expuesto, las proyecciones sobre el futuro de las políticas de género se presentan atravesadas por la incertidumbre. Predomina la preocupación ante la posibilidad de que estas políticas desaparezcan o pierdan fuerza si se mantiene la orientación actual del gobierno nacional. No obstante, también emerge la convicción de que la organización social puede sostener y recrear conquistas históricas, aun en contextos de debilitamiento institucional. Como señala Rodríguez Magda (2020), los feminismos continúan abriéndose paso en los caminos de la resistencia, ofreciendo claves críticas para pensar las tensiones de la transmodernidad.

En este estudio, la percepción mayoritaria de retroceso detectada (80%) guarda una estrecha correlación con lo que Berdondini y Vinuesa (2024) describen como una reconfiguración del escenario político argentino tras el ascenso de Javier Milei. Este proceso de backsliding no se manifiesta de forma aislada, sino que articula transformaciones institucionales, presupuestarias y simbólicas que afectan la arquitectura misma del Estado.

En relación con el primer objetivo de esta investigación —identificar las transformaciones institucionales—, la identificación de la "Implementación de políticas públicas" como el área de mayor retroceso (77.8%) se alinea con las advertencias de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (2025). La degradación y posterior eliminación del MMGyD, constituye un punto de inflexión que ha derivado en una merma concreta de la capacidad estatal para prevenir y abordar las violencias. Estos hallazgos encuentran su correlato empírico en los informes de Amnistía Internacional (2024) y Abrevaya y Tibiletti (2024), quienes documentan un ajuste presupuestario crítico que compromete la provisión de insumos en salud sexual y la continuidad de dispositivos territoriales esenciales.

Respecto al segundo objetivo —el rol del discurso “anti-woke”—, los resultados cualitativos permiten sostener que esta retórica opera como un marco interpretativo que habilita y justifica el desmantelamiento institucional. La noción de “ideología de género”, analizada por Morán Faúndes (2023) como la construcción de un "enemigo total", ha permeado la opinión pública no solo como una disputa cultural, sino como un posicionamiento político que redefine la legitimidad de los derechos humanos. Como advierte Pecznik (2025), este discurso no solo busca desarticular políticas, sino reconfigurar consensos sociales profundos, generando una polarización donde un sector de la muestra valora positivamente estos recortes bajo criterios de "eficiencia estatal" o "batalla cultural".

Sobre el tercer objetivo —los efectos en la vida cotidiana—, la investigación revela que el impacto del backsliding tiende a profundizar desigualdades preexistentes. Quienes reportan afectaciones describen experiencias de precarización material y malestar subjetivo, especialmente en el acceso a recursos y seguridad personal, coincidiendo con los estudios del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (2025) sobre políticas de género en contextos de ajuste. Sin embargo, este proceso convive con la persistencia de prácticas colectivas y redes de cuidado impulsadas por los movimientos feministas. Este doble movimiento de "resistencia y repliegue" coincide con los planteos de Tabbush y Caminotti, (2020) sobre las dificultades de ampliar derechos en contextos adversos, evitando interpretaciones lineales sobre la desaparición de estas agendas.

En tal sentido, los hallazgos cualitativos revelan una paradoja: mientras la arquitectura estatal se contrae, la red social de contención tiende a tensarse, pero no a desaparecer. Los testimonios sobre 'incertidumbre' y 'miedo' conviven con una voluntad de reorganización desde los márgenes institucionales. No obstante, el estudio permite advertir que la resistencia comunitaria y el activismo, aunque persistentes, encuentran límites críticos frente a la pérdida de recursos materiales y la hostilidad discursiva. Este fenómeno sugiere que el backsliding en Argentina no solo afecta la provisión de servicios públicos como la salud o la educación sexual, sino que busca desgastar el tejido asociativo que históricamente ha impulsado la ampliación de la agenda de derechos en la región.

Las evidencias empíricas resaltan la complejidad del escenario analizado y permiten valorar el aporte metodológico del estudio, que combina técnicas cualitativas y cuantitativas para capturar tanto percepciones individuales como procesos estructurales.

Un punto fuerte de la investigación radica en la triangulación de datos, que permite sostener un alto nivel de "generalización analítica" pese a la naturaleza no probabilística de la muestra (100 informantes claves), ofreciendo evidencia relevante para comprender patrones globales de oposición a los derechos de las mujeres (ONU Mujeres, 2020). Las limitaciones propias de un diseño exploratorio en un contexto de transición acelerada fueron mitigadas mediante criterios de saturación teórica y rigurosidad en la triangulación de fuentes.

Conclusión

La presente investigación demuestra que, desde diciembre de 2023, Argentina atraviesa un proceso de backsliding democrático caracterizado por el desmantelamiento sistémico de las políticas de igualdad de género. La eliminación de organismos especializados y el recorte presupuestario crítico representan un quiebre histórico que ha debilitado la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales de mujeres y personas LGBTIQ+, generando un vacío institucional sin precedentes en las últimas décadas.

El análisis evidencia que el discurso “anti-woke” trasciende la retórica para operar como un dispositivo político eficaz. Al estigmatizar el enfoque de género como una “ideología”, esta narrativa legitima la desarticulación institucional y reconfigura los consensos sociales sobre la justicia social, priorizando la eficiencia macroeconómica sobre la protección de grupos vulnerables. Los efectos de este proceso se traducen en una mayor precarización material y un malestar subjetivo profundo, profundizando desigualdades estructurales preexistentes.

Finalmente, si bien los movimientos feministas persisten mediante estrategias defensivas y redes de cuidado, estas se despliegan en un entorno de alta hostilidad y fragmentación. El caso argentino se inscribe así en una tendencia global de retrocesos que exige seguir documentando las tensiones entre el repliegue estatal y la resistencia social. Los hallazgos de este estudio aportan evidencia empírica clave para comprender la fragilidad de los derechos conquistados frente a las nuevas configuraciones del poder político y discursivo contemporáneo

Notas del texto