Hogares de Protección: violencia por motivo de género y doble respuesta estatal

Introducción

Las violencias por motivo de género contra las mujeres es una problemática que ha ganado un lugar en la agenda pública y política de las últimas décadas. Tal como lo define el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer [CEDAW] (2017), este tipo de violencia no es un hecho aislado o individual, sino un fenómeno social, político y económico enraizado en las estructuras de poder que históricamente han subordinado a las mujeres. Constituye un obstáculo fundamental para la consecución de la igualdad y el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades. En respuesta a esta realidad, se han impulsado diversas políticas públicas en Argentina.

En este marco, los Hogares de Protección Integral (HPI) surgen como una herramienta para brindar resguardo a mujeres en situaciones de violencia de alto riesgo. Estos dispositivos ofrecen un espacio de alojamiento transitorio, acompañado por un equipo interdisciplinario que busca facilitar la salida de las violencias y promover la construcción de autonomía. Sin embargo, la mera existencia de estos espacios no garantiza su efectividad. La implementación de las políticas de género en el ámbito local y el funcionamiento de estos dispositivos revelan desafíos y contradicciones que merecen un análisis.

El presente artículo se propone explorar algunos de estos desafíos y contradicciones. En primer lugar, se indaga si las tareas cotidianas asignadas a las mujeres alojadas en los HPI refuerzan prácticas sexistas y la tradicional división del trabajo entre lo público y lo privado, o si, por el contrario, contribuyen a la deconstrucción de estos roles y a la construcción de un proyecto de vida autónomo. En segundo lugar, se analizan las condiciones laborales de las trabajadoras de estos HPI.

Para abordar estos interrogantes, se ha desarrollado una investigación exploratoria con un diseño metodológico cualitativo y comparado. El estudio se centra en dos dispositivos municipales de alojamiento transitorio del Conurbano Bonaerense, y se basa en el análisis de dieciséis entrevistas a trabajadoras de los HPI, así como a informantes claves. Mediante un análisis conceptual desde una perspectiva de derechos y de cuidados, este trabajo busca aportar una mirada crítica sobre las prácticas institucionales y las condiciones que implican el abordaje de las violencias por motivos de género, a fin de contribuir a la mejora de estas políticas.

Marco Teórico

La violencia ejercida contra las mujeres es entendida, en el marco de este trabajo, como una forma de discriminación que impide el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre (Naciones Unidas [ONU], 1993). Esta conceptualización refiere a la violencia dirigida contra la mujer por el hecho de ser mujer, que le afecta a causa del género. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos físicos, mentales o sexuales, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad.

Para comprender las violencias contra las mujeres por motivo de género es necesario trabajar la noción de sexismo, el cual se fundamenta en la discriminación basada en el sexo y en la subordinación de las mujeres que se traduce en desigualdad. Las diferencias biológicas y fisiológicas entre los sexos no explican el sexismo, sino lo simbólico a nivel social, es decir, el género; este produce concepciones sociales y culturales de la masculinidad y la feminidad que se hallan en la base del sexismo (Lamas, 1998).

La violencia es indisociable del concepto de género, debido a que existe una diferenciación y jerarquización social y subjetiva entre los sexos. Es decir, los discursos de género han construido representaciones culturales y arquetipos de feminidad y masculinidad que han contribuido a la reproducción de comportamientos, prácticas sociales y creencias según el sexo (Velázquez, 2003).

Lamas (1998) menciona que el sexismo posibilita el binomio público/privado, en el cual los hombres se desarrollan socialmente en el ámbito público y las mujeres, mayormente, ligadas al ámbito privado. En este sentido, la autora refiere que las mujeres son destinadas a tareas de cuidado que no son reconocidas como trabajo, ya que éste es entendido meramente como una actividad económica.

El sexismo dio lugar a la construcción estereotipada de lo masculino y lo femenino que trajo como consecuencia las desigualdades de poder entre los géneros. Estas desigualdades se traducen en violencia contra las mujeres, dado que estas últimas pueden hallarse posicionadas en desventaja. Se propone apuntar a la desconstrucción de estos estereotipos que se reproducen socialmente, entendiendo que existen diversas maneras de expresión de la feminidad y la masculinidad y múltiples identidades genéricas. Así, los géneros no deberían ser asignados a tareas o lugares determinados, tales como al ámbito público y privado, sino que debería apuntarse a la igualdad de oportunidades y la equidad entre géneros.

Además, es sumamente importante comprender el problema de la violencia contra las mujeres por motivo de género en un sentido social y no como un problema individual, contemplando las estructuras sociales que la posibilitan. Para ello, es necesario el concepto de patriarcado comprendido como un “sistema socio-político-simbólico que ha producido algunos efectos particulares sobre la constitución de la subjetividad femenina” (Burín, 1998, p. 215).

Como se ha desarrollado, la división sexual del trabajo deja en desventaja a las mujeres y para poder entenderlo es imperioso profundizar en las tareas de cuidado y dependencia económica. Según Dorola (1998), a partir de la división sexual del trabajo, se genera la naturalización de los roles asignados a las mujeres a través de la cultura, esto constituye una violencia invisible, dado que limita la libertad de opciones y autonomía. Si bien el trabajo doméstico es un trabajo social, ya que reproduce la fuerza de trabajo, está organizado de una forma privada e individual. El trabajo doméstico no está reconocido como tal, ni está connotado con ningún tipo de prestigio social dado que no se lo incluye en las lógicas económicas, al no ser remunerado. El trabajo doméstico (en algunos casos de forma exclusiva, en otros como doble jornada laboral, y/o mantenimiento de la responsabilidad de estas tareas) impide que las mujeres puedan participar del espacio público plenamente, siendo esta otra violencia invisible.

Aun así, cuando las mujeres logran insertarse en el ámbito público, por ejemplo, en la inclusión laboral en el mercado, existen otras violencias, como lo son la doble jornada y la falta de recursos para pagarles a terceras personas (generalmente, otras mujeres) para realizar las tareas domésticas. Las mujeres que sí cuentan con los recursos económicos para el pago de terceras en tareas domésticas, aun así, continúan ligadas a estas tareas en forma de supervisión. Por otra parte, la competencia en el mercado laboral hace que las que logran incluirse perciban en él salarios menores por igual trabajo o puestos de menor jerarquía, con menor posibilidad de ascenso.

Para seguir comprendiendo la división sexual del trabajo también hay que ahondar en la construcción del ámbito público y privado. Fernández (1998) plantea que los mecanismos de naturalización de desigualdad se inscriben en un proceso más amplio de naturalización que se desarrolla en la división entre lo público y lo privado. Estas dos modalidades sociales son opuestas y se rigen por racionalidades diferentes. Una de ellas subordina a la otra, en la cual los/as agentes quedan atrapados/as. El poder y el dinero se asocian al ámbito público-masculino y lo privado, sentimentalizado, a lo femenino y lo subalterno.

Las mujeres han logrado circular por el ámbito público, pero en forma desigual en relación con las oportunidades ofrecidas a las masculinidades. Lo mismo sucede en lo privado desde su construcción moderna, aunque suele considerarse un lugar de poder femenino. Es en lo privado donde se invisibiliza la producción económica de la mujer bajo la forma del trabajo no remunerado (Fernández, 1998).

A su vez, Dorola (1998) sostiene que las transformaciones económicas y políticas de la sociedad han corrido el eje de parentesco y modificado las funciones sociales existentes, configurando así el ámbito privado (doméstico) y público (que corresponde a la educación y la producción). Esto se encuentra en transformación desde los últimos siglos en todas las sociedades, incluso superponiéndose con la desigualdad económica.

Continuando con las tareas de cuidado, según Pautassi (2020), estas implican un conjunto de actividades que involucran trabajo y tareas de atención respecto a la familia. Estas tareas se vuelven intransferibles y, además, se las afectiviza. El trabajo remunerado también implica para las mujeres un elevado grado de responsabilidad que afecta la calidad de vida y la cotidianidad. Las responsabilidades de cuidado históricamente se asignaron a las mujeres habiéndose distribuido inequitativamente. Según la autora, en las dos últimas décadas, han emergido políticas sociales en materia de cuidado, pero no aún como políticas integrales.

A pesar de los avances aún persiste aquella inequidad, dado que el cuidado continúa reforzándose como un problema individual que la mujer debe resolver por sí misma con los recursos que tenga al alcance. Según la autora (Pautassi, 2020), las políticas sociales se destinan a personas en situación de vulnerabilidad y se basan en que son las mujeres las encargadas de las tareas de cuidado, lo que las responsabiliza y convierte a esto en el condicionamiento para percibir las transferencias monetarias. La concepción de la mujer en las políticas sociales en América Latina está vinculada con los roles y posicionamientos de madre, trabajadora, esposa y pobre, cuando en realidad el cuidado es un derecho humano (tanto para cuidar, como para ser cuidado/a y cuidarse) independientemente de las condiciones o posición social, de modo que no debería recaer exclusivamente sobre las mujeres.

La división del trabajo afecta en mayor medida a las mujeres con trabajos informales, y por sobre todo a las más jóvenes y menos educadas (Pautassi, 2020). Por otra parte, en el caso de los trabajos de cuidado mercantilizado el pago es escaso. Además, encuentran dificultades para la inserción laboral por las situaciones anteriormente descritas, pero también por la cantidad de hijos/as que hayan tenido. Asimismo, estas mismas mujeres dedican muchísimo tiempo al trabajo no remunerado y el cuidado de otras personas en el hogar siendo este el doble que los varones, influyendo en sus ámbitos laborales, educativos y en la vida en general.

Según Pautassi (2020) sin políticas activas de cuidado y empleo las mujeres no podrán salir de las situaciones de vulnerabilidad. Estas políticas, para ser efectivas, deben ser integrales y contar con una perspectiva de derechos humanos.

Para planificar y ejecutar políticas públicas en materia de género, es importante que se cuente con un enfoque de derechos, ya que la violencia contra las mujeres por motivo de género es considerada una violación a los derechos humanos. Las políticas públicas de género buscan mejorar las condiciones de vida de las mujeres reconociendo que, social y políticamente, la posición de estas en la sociedad debe modificarse y que el Estado debe arbitrar los medios para que esto suceda. A su vez, la igualdad y el ejercicio de los derechos humanos son la base de la democracia y el desarrollo sostenible de la misma. Es necesario avanzar en lineamientos políticos para que los Estados se responsabilicen en la incorporación de su agenda las demandas y los objetivos para alcanzar la igualdad (Organización de Naciones Unidas [ONU], 2016)

El diseño de políticas públicas es una acción colectiva en la que confluyen actores gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo la participación de la ciudadanía para la concientización en sus derechos y obligaciones, que les permitirá demandar al Estado en caso de experimentar su incumplimiento. Esto implica la necesidad de comprender a los/las ciudadanos/as como sujetos de derecho.

En esta línea, el Estado deberá efectuar políticas que impliquen una estrategia de desarrollo, que promuevan instancias de cambio cultural orientadas a consolidar la igualdad entre mujeres y varones. Muchas veces se parte del error de que las políticas públicas son neutrales, y así profundizan las brechas, entorpeciendo el camino del desarrollo y la autonomía de las mujeres. En América Latina y el Caribe hubo avances en los derechos de las mujeres y su participación social, política y económica, pero puede encontrarse en riesgo de retrocesos debido a posiciones fundamentalistas, crisis económicas y cambios en la administración pública (ONU, 2016).

Implementar políticas con enfoque de derechos humanos implica revisarlas y, a su vez, detectar las acciones del gobierno que son ineficientes, inequitativas y discriminatorias, garantizando la ampliación progresiva de los derechos (Pautassi, 2007).

Se necesita de la coexistencia de políticas de igualdad que resuelvan la discriminación, y políticas de acciones positivas que generen la incorporación de las mujeres en espacios socialmente asignados a lo masculino. No obstante, como tercer tipo de política, hay que pensar en los procesos de transversalización que evalúan los efectos del accionar del Estado en cuanto al género (Organización de Naciones Unidas [ONU], 2017). En este mismo sentido, Corina Rodríguez Enriquez y Pautassi (2016) plantean que las planificaciones de las políticas deben ser en forma transversal e interjurisdiccional, garantizando la participación de las mujeres.

La efectividad de las políticas de género no se agota en su diseño normativo, sino que se pone a prueba en lo que Sagot (2000) denomina la ruta crítica. Este concepto permite analizar el proceso de búsqueda de ayuda de las mujeres y las respuestas que los/as agentes del Estado ofrecen. En este entramado, los HPI se constituyen como dispositivos estatales fundamentales dentro de la ruta. La intervención de los/as agentes que trabajan en estos dispositivos es determinante, ya que sus discursos y prácticas pueden facilitar la autonomía de la mujer o, por el contrario, obturar la ruta crítica si se limitan a reproducir mandatos de género. Por lo tanto, el éxito de la política pública depende de que estos dispositivos y sus agentes logren transformar la ruta crítica en un proceso de restitución de derechos y no en un nuevo escenario de revictimización o exigencias normativas sobre el 'deber ser'.

Asimismo, la implementación de estas políticas recae sobre equipos de trabajo que no están exentos de las tensiones del sistema. Zaldúa et al. (2020) señalan que las trabajadoras suelen enfrentar condiciones de precarización y pluriempleo que, sumadas a la complejidad de las demandas subjetivas que atienden, generan cuadros de estrés y desgaste laboral. Estas repercusiones identitarias en las profesionales impactan directamente en la calidad de las intervenciones y en las propias prácticas de cuidado que ellas ejecutan.

Según el Anexo de Red Provincial de Dispositivos Territoriales de Protección Integral, del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual (s.f), los HPI son dispositivos que deben dar respuesta a mujeres que atraviesan situaciones de violencias de alto o altísimo riesgo, que necesiten protección y no disponen de resguardo en sus redes vinculares. El alojamiento debe considerarse como última estrategia y requiere una evaluación de riesgo.

Las mujeres deben ser acompañadas por un equipo interdisciplinario que facilite la salida de las violencias, la deconstrucción de los vínculos violentos y la autonomía. Debe contar con un servicio de atención de 24 horas, los 365 días. La estadía dependerá de cada situación, aunque se recomienda un período de no más de 3 meses.

Los HPI son un espacio de visibilidad pública en el que no se condena a las mujeres ni a su núcleo familiar a la reclusión y al ocultamiento, sin perjuicio de su seguridad. Esta visibilidad favorece la difusión de la problemática y el involucramiento de la comunidad. El hogar es un factor de lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres que busca generar espacios de debate y participación dentro de la comunidad (Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, 2017-2019, Consejo Nacional de las Mujeres). El objetivo es que el HPI también trabaje hacia afuera, en consonancia con equipos gubernamentales y no gubernamentales en materia de sensibilización, formación y difusión en la comunidad para la prevención de la violencia contra las mujeres.

Los HPI se encuentran instalados (o deberían) en un sistema mucho más amplio de niveles de acciones e intervenciones (promoción de derechos, prevención de la violencia, etc.). Es decir, su éxito dependerá, en gran medida, de si se encuentra o no inserto en un sistema de políticas públicas integrales en materia de género. El cumplimiento de dicho objetivo será evaluado en función de que la permanencia en el HPI favorezca la toma de conciencia individual y colectiva, a fin de promover la autonomía de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos.

Antecedentes

Según las autoras Tallarico y Di Marco (2020), las investigaciones realizadas en relación con los dispositivos para mujeres en situación de violencia se pueden agrupar en cuatro grupos: en primer lugar, las investigaciones que se encargaron de las descripciones de las casas. Luego, aquellas que recopilan las características y experiencias de las mujeres alojadas y sus hijas/os. En tercer lugar, las que se encargaron de los aspectos psicosociales de los dispositivos y la consideración de su conveniencia y, por último, las que se focalizaron sobre la interacción de las personas alojadas en espacios comunes y el cumplimiento de las normas. Según las autoras, aún existe un vacío en el análisis de las diferentes modalidades y enfoques en la atención de mujeres en situación de violencia y de sus hijos/as.

A nivel mundial, en los últimos veinte años, si bien se observaron incrementos en las evaluaciones de dispositivos de alojamiento, estas conllevan como objetivo principal la rendición de cuentas para justificar los gastos (ONU, 2016). Es decir, no se encuentran estudios que evalúen la eficacia o el impacto de estos dispositivos, siendo esto replicado en Europa y América del Norte, donde se destinan recursos a investigaciones, no obstante, que no arrojan evidencia sobre su eficacia ni son comparativas (Wathen & MacMillan, 2003; Ramsay et al., 2005; Ramsay et al., 2009).

En Argentina, las investigaciones de este tipo son escasas aunque pueden mencionarse: las que han documentado un refugio en San Luis (Loizo et al., 2011), un informe de la Dirección General de la Mujer (1994-1996) de las diferentes actividades desarrolladas en el dispositivo (Dirección General de la Mujer, 1996); una tesina de grado sobre las trayectorias de mujeres que han sufrido violencia y dejaron sus hogares (Castelnuovo Biraben, 2005); un estudio donde se problematizan las estrategias de intervención de tres ONGs en el abordaje de situaciones de violencia de género (Brunatti, 2006) y un informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires (Penchansky et al., 2018) sobre la magnitud de la violencia de género y las políticas públicas implementadas en la materia por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el período 2015-2017.

Pese a lo anterior, se requieren más estudios específicos que evalúen la implementación y el alcance de los HPI para mujeres en situación de violencia. En Argentina, estos tipos de estudios y la difusión de los dispositivos fueron solicitados por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará [MESECVI] (2012). En la Provincia de Buenos Aires, hay una gran variedad de este tipo de instituciones, del Estado u Organismos No Gubernamentales, con diferentes tipos de abordajes y mecanismos de trabajo.

Metodología

El presente trabajo se enmarca en una investigación comparada de dos dispositivos municipales de alojamiento transitorio que brindan protección a mujeres en situación de violencia en alto riesgo en el Conurbano Bonaerense en el período 2016-2019, a partir de las valoraciones de las trabajadoras con relación a los potenciales y limitantes de dichos dispositivos para acompañar la salida de las situaciones de violencia de las mujeres.

La investigación fue exploratoria y se ha utilizado un diseño metodológico cualitativo. El trabajo se basó en una metodología de estudio de caso en clave comparada que permitió analizar ambos HPI en sus similitudes y diferencias.

Se utilizaron como técnicas de relevamiento entrevistas individuales (Samaja, 1993), que permitieron relevar las opiniones y descripciones sobre los HPI (De Souza Minayo, 2005). Se buscó relevar las representaciones sociales, valoraciones y experiencias de las trabajadoras.

Las entrevistas se realizaron a trabajadoras de los equipos (equipo técnico, operadoras, acompañantes y autoridades) de dos dispositivos de alojamiento transitorio que brindan protección a mujeres en situación de violencia de alto riesgo, de dos Municipios del Conurbano Bonaerense.

Las entrevistadas de los dispositivos debían cumplir con la condición de haber desempeñado su rol al menos desde hace un año, debido a que este criterio permitiría que contaran con un período relativamente extendido de experiencia de trabajo en el dispositivo.

Por otra parte, se entrevistó a informantes claves para complementar la información ofrecida por las trabajadoras de los HPI. Estas informantes fueron exfuncionarias públicas a nivel nacional y provincial de los órganos rectores en materia de género y violencia contra las mujeres por motivo de género. El trabajo de campo se ha llevado adelante entre junio y octubre del año 2019.

Es importante destacar que se ha mantenido en confidencialidad los municipios en que se desarrolló la investigación, por lo que se los menciona como Municipios A y B. Además, en cuanto a las entrevistadas que dieron su consentimiento voluntariamente, se resguardó sus identidades utilizando nombres ficticios.

En referencia a los criterios de selección de los Municipios A y B, los mismos cuentan con una serie de similitudes en cuanto a la extensión geográfica, densidad poblacional general y proporción demográfica de mujeres. Al ser ambos municipios de la Provincia de Buenos Aires pueden encontrarse algunas características compartidas, no solo en términos geográficos y poblacionales, sino también en cuestiones sociales, culturales y económicas.

El muestreo empleado fue no probabilístico. Este se operacionaliza a través de la técnica Bola de Nieve (Glaser & Strauss, 1967), que se considera como la más adecuada para este caso, dado que el grupo de población estudiado es muy pequeño. La técnica ha consistido en la selección de un primer sujeto para que, posteriormente, este facilite el contacto con nuevos participantes, generando una cadena que conduzca a la saturación de la información.

En este caso se ha logrado un total de dieciséis entrevistas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: siete de ellas pertenecen a trabajadoras del Municipio A (la responsable general del Área Mujeres; dos licenciadas en Trabajo Social; dos operadoras/acompañantes judiciales y una licenciada en Psicología), seis pertenecen a trabajadoras del Municipio B (la ex responsable del Área Mujeres; una abogada; una licenciada en Psicología; una licenciada en Trabajo Social; una operadora y una acompañante judicial). En cuanto a las informantes claves dos exfuncionarias públicas del órgano rector en materia de género y violencia contra las mujeres por motivo de género, del período 2012-2015, a nivel Nacional, y dos provinciales del período 2017-2018.

No se han realizado entrevistas a mujeres que se encuentran o encontraron en situación de violencia por la justa razón de la situación delicada que están atravesando o que han atravesado, ni tampoco se hace referencia a ellas, manifestando datos o historias personales.

Consideraciones éticas, financiación y conflicto de interés

El presente artículo se desprende de la tesis presentada, evaluada y aprobada por un comité de juradas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, para la obtención del título de Magister en Políticas Sociales. Al momento de la evaluación y defensa de la tesis (2021) no se contaba con un comité de ética obligatorio para investigaciones cualitativas en Ciencias Sociales. Sin embargo, los resguardos éticos fueron evaluados y avalados por el jurado académico que aprobó la tesis, actuando como garante de la integridad científica del abordaje.

La investigación se desarrolló en base a los principios éticos de la investigación social, llevando adelante un proceso de consentimiento informado (Piovani, 2007). Se diseñó e implementó un documento que debieron firmar las entrevistadas donde expresaron su voluntariedad de forma informada y consciente en su participación. Además, se realizó un acompañamiento por parte de la investigadora en todo el proceso de entrevistas para garantizar la transparencia sobre el uso de la información.

Además, se tomó la decisión explicita de no realizar entrevistas a las mujeres en situación de violencia alojadas en los dispositivos para evitar su revictimización.

Para garantizar la confidencialidad, también se mantuvo el resguardo geográfico de los municipios donde se encuentran emplazados los Hogares de Protección Integral identificándolos como "Municipio A" y "Municipio B". Además, se utilizaron nombres ficticios para todas las trabajadoras e informantes clave, entrevistadas, resguardando su identidad.

La autora declara que esta investigación no contó con financiamiento externo, becas ni subsidios de organismos públicos o privados. Igualmente, se deja constancia de que no existieron ni existen conflictos de interés que hayan influido en el diseño de la investigación, el análisis de los datos o la publicación de los resultados presentados tanto en la tesis como en este artículo.

Resultados

Marco Institucional

Al momento de esta investigación, el Municipio A y B contaban con una cantidad de habitantes y una proporción similares de mujeres. El HPI del Municipio A (creado en 2014) posee mayor antigüedad que el del Municipio B (inaugurado en 2016). En el caso del Municipio A, el dispositivo se encontraba instalado en un organigrama donde el Área de Mujeres se encontraba más jerarquizada que en el Municipio B.

En lo que respecta al organigrama a nivel nacional en el período de análisis de la investigación, el órgano rector en materia de género y violencia contra las mujeres por motivo de género correspondía al ex Consejo Nacional de las Mujeres hasta el año 2017, para luego crearse el ex Instituto Nacional de Mujeres y, al nivel provincial, la ex Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos desde el año 2016 hasta el año 2018. A partir de ese año, se crea el ex Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual.

Los HPI de ambos municipios, según la información del trabajo de campo, funcionan como dispositivos de puertas cerradas destinados al alojamiento transitorio de mujeres en situación de alto riesgo. El objetivo central es brindar seguridad física y emocional, funcionando como último recurso cuando no existen redes de contención. Se busca que el alojamiento sea lo más breve posible.

En el Municipio A, se registró un cambio en los lineamientos operativos del dispositivo, el enfoque que anteriormente priorizaba la atención a la niñez fue sustituido formalmente por protocolos orientados al abordaje de las violencias de género al cambiar de área en el organigrama. En el Municipio B, en relación con la misión del hogar las entrevistadas manifiestan que está ligada a la Red Provincial, supliendo la falta de recursos judiciales que muchas veces deja a las mujeres "a la deriva".

En cuanto al perfil de las personas alojadas, los datos de campo indican que son mujeres (y sus hijos/as) en situación de violencia por motivo de género que atraviesan un riesgo inminente. Aunque institucionalmente se incluye a las disidencias en el discurso, la investigación halló que no hay registros efectivos de alojamiento de mujeres transgénero o transexuales.

El acceso a los hogares se define tras una entrevista de admisión donde se evalúa si la situación es de alto riesgo. Si no se cumple este criterio o la mujer no acepta el ingreso, se deriva a la atención ambulatoria.

En cuanto a la conformación de los equipos, ambos hogares cuentan con una responsable del área, psicólogas, trabajadoras sociales y operadoras. El Municipio B suma abogadas y acompañantes judiciales.

En relación con los roles de los equipos, las operadoras sostienen el día a día, brindan escucha y contención, y supervisan el cumplimiento de las pautas de convivencia. En lo referente al equipo de profesionales, sus integrantes realizan entrevistas de admisión, seguimiento de egreso y acciones en pos de la construcción de redes de contención.

Actividades y dinámicas de convivencia en los Hogares de Protección Integral

Este apartado busca brindar los principales hallazgos vinculados al objetivo de indagar si las tareas asignadas a las mujeres que residen en los HPI refuerzan prácticas sexistas y la división tradicional entre lo público (masculino) y lo privado/doméstico (femenino), o si, por el contrario, aportan a la construcción de un proyecto de vida autónomo.

Para ello, fue necesario conocer las estrategias de abordaje de las violencias por motivo de género y los objetivos, protocolos y procedimientos a partir de los discursos de las trabajadoras de los HPI municipales.

Los HPI cuentan con normas plasmadas en protocolos para el trabajo de los equipos. A su vez, existen pautas de convivencia para las mujeres alojadas que conforman un código que deben firmar, dando cuenta de su acuerdo en su ingreso al HPI. No se identificaron registros de instancias sistemáticas o dispositivos formales para el trabajo de estas pautas con las mujeres. Lo antedicho es consolidado por el equipo de profesionales, quienes trabajan las normativas de convivencia cuando consideran que amerita la intervención.

En los protocolos se encuentran determinadas pautas como: horarios de alimentación, buenos tratos entre mujeres alojadas, distribución de tareas de aseo, encargarse de la crianza y cuidado de sus hijos/as, etc.

En cuanto a los problemas convivenciales entre las mujeres alojadas, según las entrevistadas, suelen desarrollarse a partir de desacuerdos en las pautas de crianza. Otros conflictos pueden darse:

Porque una está desde antes, y comienzan a generar intercambios, pueden limpiar cada tanto una semana una, una semana la otra, y empiezan a juntarse entre ellas y empiezan a, no sé, yo limpio, pero vos me das un cigarrillo (…) tiene que ver con las características de cada grupo familiar y de cada mujer, y de dónde vienen, y demás (Valentina, comunicación personal, agosto 2019).

También se desarrollan conflictos entre operadoras y las mujeres alojadas en temas como: el de aseo, pediculosis, etc.

Respecto a la vinculación de las mujeres con sus hijas/os, una Lic. en Psicología relata:

Muchas tratamos de trabajar la re-vinculación con sus niñes, a veces pasa esto, las mujeres están afuera y las situaciones de violencia hacen que los nenes vayan a la casa de alguien, del otro, o que no los cuiden, que no los atiendan, y ahí se encuentran con su rol materno, que es muy difícil, que hay que trabajarlo y hay que sostenérselo (Valentina, comunicación personal, agosto 2019).

La misma entrevistada profundiza acerca del vínculo entre madres e hijos/as diciendo:

Pero más que nada que el vínculo con los nenes esté, si ellas tienen que ir a hacer algo afuera, si o si salen con sus hijos/as, a no ser que sea una situación extrema donde los chicos se tienen que quedar, siempre con sus hijos/as, porque después eso es en lo cotidiano en su vida, los van a tener que estar cuidando. Y lo mismo la limpieza, la limpieza del cuarto, poder sacar las sábanas, lavar las sábanas, que nos pidan otras nuevas, la ropa de los chicos que las laven ellas, eso más que nada (Valentina, comunicación personal, agosto 2019).

Retomando las tareas domésticas, la misma Lic. en Psicología menciona:

Después el tema de la limpieza de sus cuartos tratamos que lo sostengan ellas, también para el orden, porque se encuentran solas, y la idea también cuando salgan se encuentren en un espacio donde se tengan que hacerse cargo y empezar un poco a responsabilizarse de eso (Valentina, comunicación personal, agosto 2019).

Por otra parte, respecto a la maternidad, una Lic. en Trabajo Social menciona:

Toda la construcción de la maternidad, que también es muy difícil muchas veces abordarlo desde un dispositivo de puertas cerradas porque vos estás ahí las 24 horas con tus hijos/as, y esto también genera muchas veces una situación de desesperación (…) después es responsabilidad de la mamá hacerse cargo de sus hijos/as dentro del hogar. Esto también a veces genera como una situación de observación constante. Por parte del Equipo y por parte de las operadoras, es inevitable, la mirada del otro está constantemente puesta ahí (Lucia, comunicación personal, junio 2019).

En el hogar del Municipio A, las mujeres alojadas se dedican a tareas de limpieza, como asear las habitaciones y lavar la ropa. Respecto a otro tipo de actividades, algunas operadoras cuentan con conocimientos de costura y peluquería que transmiten a las mujeres. Sin embargo, esta transmisión no se imparte en clases o talleres formales ni hay días y horarios programados. Las operadoras les enseñan de forma espontánea, a medida que se presenta la oportunidad

Tampoco, se realizan actividades y capacitaciones de microemprendimientos y/o formación para la inclusión laboral remunerada, aunque todas las entrevistadas coinciden en que esto resulta muy necesario. Una Lic. en Trabajo Social del equipo técnico del Municipio A comenta que en ocasiones trabajaron en la confección de un currículum vitae para incentivar alguna salida laboral, sin embargo, no es un dispositivo formalizado ni sistematizado.

En el Municipio B intentan que las mujeres realicen actividades de manualidades; sin embargo, esto no suele lograrse ya que, en general, las mujeres no coinciden en los tiempos de estadía. Otras entrevistadas, desarrollan que las mujeres no tienen otras actividades para realizar dentro del hogar, más que encargarse de la limpieza de sus habitaciones, de la crianza de sus hijos/as y colaborar en la cocina.

En esta línea, una acompañante judicial del Municipio B opina que una gran falencia del Estado es no poder ofrecer capacitaciones en oficios o microemprendimientos. A su vez, la ex responsable del Área Mujeres del Municipio B desarrolla respecto a las actividades: “La verdad que las mujeres al estar encerradas y tener tanto tiempo sin poder utilizarlo en algo productivo era mi preocupación” (Romina, comunicación personal, octubre 2019).

Condiciones de trabajo

En este apartado se expondrán los principales hallazgos en clave de indagar las condiciones laborales de las trabajadoras de los HPI y así indagar si se toman medidas o estrategias de cuidado para el equipo.

Para comenzar, en el Municipio B el personal no depende del Estado Municipal, sino que son monotributistas. El sistema de monotributo en Argentina es un régimen simplificado para trabajadores/as independientes que les permite, mediante el pago de una cuota unificada, acumular aportes jubilatorios y acceder a una cobertura de salud a través de una obra social.

Esto se evidencia con algunos relatos:

Estábamos el otro día explicándoles a las compañeras nuevas, porque la mitad del equipo es nuevo, por suerte la mayoría cuando se va es porque tiene trabajo y no porque no renuevan, sino porque deciden no renovar. También por el hecho de que no es muy estable estar, si bien yo hace 5 años que estoy, estás todo el tiempo pensando si seguís o no seguís, además de que están precarizados los monotributista, no es un trabajo en blanco (Natalia, comunicación personal, septiembre 2019).

Por el contrario, todo el personal del Área Mujeres en el Municipio A se encuentra en relación de dependencia del Estado Municipal, “Todas somos trabajadoras municipales, y todas estamos en planta permanente. Que eso también da otra estabilidad y otra forma de planificar el trabajo. Que nos permite pensar un poco más a largo plazo, que no es poca cosa” (Lucía, comunicación personal, junio 2019).

En otro orden, explorando las estrategias de abordaje y protocolos que conciernen a los equipos de trabajo de los Municipios A y B, se evidencia una ausencia de supervisión externa que pueda aportar una mirada más objetiva y trabajar las implicancias personales y profesionales.

En cuanto a las reuniones de equipo, en ambos municipios, se realizan cuando las trabajadoras las consideren necesarias, en general, no manifiestan una regularidad.

Respecto a la cantidad de personal ambos municipios mencionan que, al crearse el establecimiento, no se tomó más personal profesional. A causa de esto, el personal que desempeña tareas en la oficina ambulatoria es el mismo que integra el equipo del hogar, lo que genera una sobrecarga en las tareas.

En referencia a los roles de trabajo y división de tareas, en el Municipio B, una de las operadoras cumple la función de cocinera y lleva el stock de artículos de limpieza y de alimentos, por lo que cobra un monto adicional. En este mismo sentido, quienes son acompañantes legales también, llevan adelante tareas administrativas para las consultas ambulatorias en el Área Mujeres. Además, las tareas de acompañantes las hacen en el hogar y en el servicio ambulatorio.

Continuando con la superposición de tareas y roles, las operadoras comentan que, como las oficiales policiales no siempre están en el hogar, ellas realizan “requisas” de las pertenencias de las mujeres al realizar el ingreso. Las operadoras en el Municipio B manifestaron sentirse en una posición de mayor exposición “y si, lamentablemente es la operadora la que tiene que poner la cara. Es complicado” (Patricia, comunicación personal, septiembre 2019). Por el contrario, una profesional cuenta: “palpar no las podemos palpar, porque para eso tiene que haber un oficial de policía, pero sí, controlamos todo” (Carmen, comunicación personal, septiembre 2019).

También relatan que muchas veces juntan dinero entre todas para costear medicamentos y cigarrillos de las mujeres alojadas: “y nosotras no tenemos caja chica, por ejemplo. Entonces a veces en una urgencia ponemos peso por peso, y lo compramos nosotras”. (Natalia, comunicación personal, septiembre 2019).

En el caso de A, la responsable del Área Mujeres comenta que las compañeras que viven próximas al HPI se acercan por cualquier cosa que suceda y no se hace mención a un pago adicional por estas tareas.

Por otro lado, una operadora y acompañante judicial, del Municipio A comentan que las personas que cumplen su mismo rol también limpian. Además, como están solas, muchas veces cuando el equipo de profesionales se acerca al hogar a hablar con una de las mujeres, éstas también ayudan a cocinar o preparar la merienda.

En lo relativo a la cantidad de personas que conforman el equipo, en el Municipio A, según las entrevistadas, es más pequeño que el del Municipio B y cuenta con menos disciplinas. El equipo del Municipio B manifiesta la falta de la disciplina de psiquiatría para la evaluación de ingresos. Todas las entrevistadas destacan que el mismo equipo del HPI es el mismo de atención ambulatoria en el Área Mujeres, por lo cual se encuentran sobrecargadas en su labor. Además, en ambos municipios no se cuenta con voluntarios/as ad honorem, solo con pasantes universitarios/as, los/as cuales no tienen contacto con las mujeres del hogar por una cuestión de confidencialidad.

Retomando al equipo de operadoras del Municipio B, manifiestan que hay una operadora por turno. Las trabajadoras refieren que la ausencia de equipo técnico durante la noche limita las posibilidades de intervención ante incidentes.

Asimismo, el equipo plantea como un problema el pasaje de tres responsables del Área Mujeres durante tres años: “2018 y 2019 fueron caóticos porque hubo cambios de coordinadora, entonces no se podía armar nada” (Natalia, comunicación personal, septiembre 2019).

En el Municipio B al comienzo de la apertura del HPI, no contaban con personal de limpieza de otra área, por lo que las mujeres y operadoras debían encargarse de esas tareas. La ex responsable del Área Mujeres plantea: “no éramos demasiado equipo así que nos íbamos turnando en horarios” (Romina, comunicación personal, octubre 2019).

En el Municipio B hay por separado rol de acompañante y rol de operadora. En el Municipio A, las operadoras también cumplen el rol de acompañante: “Inclusive cuando tuvimos la responsable anterior, cuando nos tocó quedarnos, nos turnamos. Muchas veces nos tocó quedarnos en la noche, porque a veces eran situaciones de mujeres que están con crisis, son situaciones delicadas que tiene que haber alguien” (Catalina, comunicación personal, agosto 2019).

Acerca de la formación y capacitación de los equipos, en ambos municipios, ninguna de las profesionales ha realizado capacitaciones, cursos o carreras de posgrado específicas en la problemática. En el caso del Municipio A, solo la responsable del Área Mujeres tiene experiencia considerable en el tema. De todas las profesionales, solo la responsable general de Área Mujeres cuenta con una Maestría terminada, pero no es en relación con la problemática que aborda. En cuanto al Municipio B, ninguna de las profesionales ha logrado un posgrado ni formación específica. Incluso, en ambos municipios, algunas entrevistadas han planteado que, en su formación de grado, no se ha estudiado mucho el tema, destacando que, su proceso como estudiantes se desarrolló en años donde la temática aún no estaba del todo trabajada en las universidades.

Por su parte, en el Municipio B prácticamente no se realizan capacitaciones específicas. Las que alguna vez se realizaron fueron por parte de organismos externos, por ejemplo, impulsadas desde un Juzgado o una ONG sobre varones que ejercen violencia. El equipo de profesionales plantea que las operadoras son el nexo con las mujeres en situación de violencia, y que es sumamente necesario capacitarlas. Comentan que cuando se inauguró el hogar, fue la Red de hogares de la Provincia quien capacitó al personal. Sin embargo, las operadoras no recuerdan o no saben quién las capacitó. Por último, la ex coordinadora del HPI comenta que, en realidad, la capacitación fue impulsada a través del ex Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).

En lo relativo a las capacitaciones, la responsable del Área Mujeres del Municipio A comenta que éstas se dieron al inicio de la conformación del equipo, a través de las Escuelas Populares del ex INAM. En 2016-2017 se continuaron distintas capacitaciones y que, al momento de las entrevistas, ya no las consideran necesarias. Sin embargo, asisten a diferentes capacitaciones que se dan en el marco municipal de diversas temáticas.

Los equipos de profesionales mencionan que comparten lecturas que les facilita la responsable Área Mujeres y que, junto con las operadoras, trabajan en lo cotidiano para repensar su rol. Al igual que el equipo del Municipio B, se capacitaron en el trabajo con varones que ejercen violencia, pero no se ofrecen dispositivos de este tipo en el Área Mujeres, en el período analizado.

Discusión

Los principales hallazgos respecto al protocolo de convivencia en ambos HPI invitan a reflexionar acerca de la naturaleza de las tareas que se les asignan a las mujeres. Estas tareas podrían estar reforzando prácticas sexistas, al acentuar la división entre el desarrollo típicamente masculino dentro del ámbito público y la vinculación de las mujeres al ámbito doméstico o privado, debido que, socialmente, las mujeres son destinadas a tareas de cuidado, las cuales no son reconocidas como trabajo (Lamas, 1998).

Esta observación se consolida al momento de indagar sobre los principales problemas de convivencia entre las mujeres, siendo los puntos de conflicto focalizados en tareas que se caracterizan por ser del orden doméstico. Es imprescindible identificar allí los mandatos que socialmente ponen la responsabilidad de las tareas domésticas exclusivamente sobre las mujeres. Además, vale la pena destacar que no se les brindan herramientas para desarrollarse en el ámbito público.

En lo que respecta a la vinculación de las mujeres con sus hijos/as, aunque preliminar, se halla que, en las situaciones de violencia contra las mujeres por motivo de género, se desarrolla un corrimiento de los criterios socialmente establecidos respecto al “buen” cuidado en la crianza. De modo que, en muchos casos, se pondría en duda el rol materno de cuidado. Esto podría explicar el hincapié que los equipos técnicos colocan sobre la resocialización en torno al rol de cuidado de las mujeres.

En ambos municipios, se incentiva a las mujeres alojadas en los HPI a llevar adelante tareas de cuidado, las cuales implican un conjunto de actividades que involucran trabajo y labores de atención respecto a la familia, tareas intransferibles y afectivizadas que implican un grado elevado de responsabilidad que afecta la cotidianidad y la calidad de vida de la mujer, a quien estas obligaciones han sido históricamente asignadas (Pautassi, 2020).

Así, el rol de quienes trabajan atendiendo la problemática de la violencia contra las mujeres en la ruta crítica (Sagot, 2000) pone el foco sobre lo que la mujer “debe hacer” como, por ejemplo, “dejar al marido”, “ponerse a trabajar”, “ponerse a estudiar”, “denunciar”, o “ser mejores madres y esposas”. Esto visibiliza, en simultáneo, la falta de conocimiento de los/as agentes sobre la problemática y, además, la centralidad de su propio rol en el proceso de la ruta crítica.

Continuando en la misma línea, en ninguno de los dos municipios se realizan actividades ni capacitaciones de microemprendimientos y/o formación para la inclusión laboral remunerada. Por el contrario, se ofrecen espacios para aprender costura y peluquería, pero estos espacios no llegan a configurarse como talleres o capacitaciones.

En contraposición a los hallazgos de este estudio, según el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 del ex CNM (Consejo Nacional de las Mujeres, 2016), el hogar debe trabajar en la orientación y capacitación laboral y recreación. Debería facilitar la inserción laboral de las mujeres, acompañándolas para que identifiquen sus intereses y, así, articularlos con programas de educación; formación en oficios, programas de empleo; microemprendimientos, entre otros.

En cuanto al análisis de las condiciones de trabajo en los HPI los datos revelan una diferencia entre los dos municipios. En el Municipio A, el personal está contratado directamente por la municipalidad en relación de dependencia, mientras que en el Municipio B las trabajadoras son monotributistas, lo que provoca una alta rotación de personal. En la práctica actual, especialmente dentro de la administración pública, la figura del monotributo se ha desvirtuado para convertirse en un mecanismo de ocultamiento de la relación de dependencia. El Estado, en lugar de registrar a sus trabajadores/as bajo las leyes de contrato de trabajo formales, les exige la inscripción en el monotributo para que facturen por sus servicios mensuales, simulando una autonomía. En estos casos, aunque el/la trabajador/a figura como un prestador/a de servicios externo, en la realidad cumple horarios fijos, recibe órdenes de superiores jerárquicos/as y utiliza los recursos e instalaciones del organismo estatal, configurando todos los elementos de un empleo en relación de dependencia. Esta modalidad le permite al Estado reducir costos en el pago de cargas sociales y aportes, pero deja a las trabajadoras en una situación de vulnerabilidad al privarlas de derechos fundamentales como la indemnización por despido, el aguinaldo, estabilidad laboral, etc. Lo que debería ser una herramienta de formalización para trabajadores/as autónomos/as termina siendo un instrumento de precarización donde se traslada la responsabilidad de la seguridad social a las propias trabajadoras.

En otros puntos de análisis se encontraron similitudes en ambos Municipios en el período analizado: la ausencia de reuniones de equipo, supervisiones externas y capacitación, además de superposición de tareas y sobre carga de trabajo. Los equipos requieren espacios para problematizar las realidades que atraviesan y las repercusiones subjetivas e identitarias frente al estrés y desgaste laboral (precarización laboral, pluriempleo, deficiencias en infraestructura e insumos, bajos salarios), además del impacto que estas dimensiones tienen sobre las prácticas de cuidado que ellas mismas realizan (Zaldúa et al., 2020).

El trabajo de cuidado tiene como producto el afecto. A través del contacto humano, las tareas de asistencia y prevención generan productos intangibles como el bienestar, la satisfacción, la emoción, etc. Cuando existe precarización laboral y una pérdida de los derechos laborales, el elemento intangible se vuelve menos visible y, en ocasiones, hasta invisible. Las mujeres que trabajan en tareas de cuidado se ven afectadas doblemente: por un lado, por cuidar a otros/as con demandas complejas y, por otro, por la falta de reconocimiento por la tarea en el plano político y social (Fernández, 1998).

A través de lo desarrollado en relación con las condiciones de trabajo, se podría hipotetizar que no se evidencia un trabajo de políticas de cuidado para las trabajadoras de los municipios, por lo que podría ser probable que estos contextos laborales afecten en que las trabajadoras tengan problemas en el desarrollo de sus tareas.

Esto sugiere la necesidad de dar respuestas a las problemáticas de las personas en situaciones de violencias por motivo de género lo cual requiere de cuidados y acompañamientos específicos e integrales. Sin embargo, los vacíos para atender a esas demandas generan escenas estresantes para las trabajadoras de las áreas de cuidado (Zaldúa et al., 2020).

Es necesario precisar que, aunque la precarización laboral es una problemática transversal en el empleo público en Argentina, su persistencia en los dispositivos de abordaje de la violencia por motivo de género genera una tensión particular. No se trata simplemente de una deficiencia administrativa, sino de cómo la falta de reconocimiento formal del trabajo de cuidado institucional (históricamente invisibilizado y feminizado) impacta en la calidad de la respuesta estatal. Así, la vulnerabilidad laboral de las operadoras entra en conflicto con el objetivo misional del HPI que busca, precisamente, promover la autonomía y el ejercicio de derechos de las mujeres.

El análisis realizado revela que, a pesar de su propósito de proteger a las mujeres, los HPI estudiados refuerzan mandatos sociales de género al asignar a las mujeres actividades del ámbito doméstico, sin ofrecer herramientas para su desarrollo en el ámbito público. Esta situación perpetúa la división sexista del trabajo y limita la autonomía de las mujeres, un objetivo central para la salida de las situaciones de violencias por motivos de género. La falta de programas de capacitación en oficios o inserción laboral formal se identifica como una deficiencia significativa.

Por último, se evidencia en las trabajadoras de los HPI una sobrecarga de tareas, falta de capacitación y formación, carencia de espacios de contención y supervisión, lo que sugiere que, aunque las políticas públicas buscan atender las violencias por motivo de género, su implementación presenta dificultades que impactan tanto en las trabajadoras como en las mujeres que intenta proteger. Es fundamental que el Estado garantice un marco de derechos y acompañamiento específico y calificado para quienes trabajan en estos espacios, asegurando condiciones dignas y herramientas adecuadas para su labor, lo que, a su vez, permitirá una atención de mayor calidad para las mujeres que buscan construir un proyecto de vida libre de violencias.

Conclusión

La investigación permitió dar cuenta de la complejidad que atraviesa la gestión de los Hogares de Protección Integral (HPI) como dispositivos centrales de la política pública para el abordaje de las violencias por motivos de género. A partir del análisis comparado de dos dispositivos de alojamiento en el Conurbano Bonaerense, se desprenden reflexiones críticas sobre la respuesta estatal en el período 2016-2019.

El presente artículo demuestra que, si bien los HPI surgen como espacios de protección, las estrategias de intervención relatadas por las trabajadoras tienden a reproducir los mandatos de la división sexual del trabajo. Al exigir a las mujeres alojadas únicamente la realización de tareas domésticas y de cuidado, el Estado corre el riesgo de reforzar los mismos roles tradicionales que sostienen la desigualdad de género, en lugar de fomentar proyectos de autonomía que trasciendan el ámbito privado.

Por otra parte, el desarrollo de este trabajo permitió explorar las condiciones laborales de las trabajadoras de los HPI (precariedad en la contratación, bajos salarios y falta de espacios de supervisión, etc.) las cuales impactan directamente en la calidad del abordaje. Lo descripto evidencia que el Estado, en el período analizado, en el diseño y ejecución de las políticas públicas aún no ha integrado plenamente la perspectiva de cuidados.

Por todo lo antedicho, es importante que las políticas de protección a mujeres en situación de violencia por motivo de género no se limiten al alojamiento transitorio y la seguridad física. Solo superando la doble respuesta estatal actual (que oscila entre la protección de la emergencia y la reproducción de mandatos tradicionales de cuidado) se podrá ofrecer una política pública desde un paradigma integral que garantice herramientas que favorezcan la autonomía de las mujeres para las salidas de las situaciones de violencia por motivo de género, a la vez profesionalizar y garantizar los derechos de los equipos de trabajo. Por todo ello, se debe trabajar en el fortalecimiento de los dispositivos y la desnaturalización de los roles de género en la intervención, y así ofrecer una respuesta desde el Estado que efectivamente contribuya a la salida de las violencias y a la construcción de ciudadanía.

Agradecimientos

Al colectivo de mujeres, a mis ancestras que, gracias a su lucha hoy puedo encontrarme aquí.

A las mujeres con las que compartí diversos espacios personales, laborales y académicos que, aportaron a mi proceso de fortalecimiento como mujer.

A las mujeres con las que trabajé en mi rol profesional, que fueron inspiradoras para iniciar este camino y juntas luchamos para que podamos vivir una vida libre de violencias.

Vivas nos queremos.

Ni una menos.

Notas del manuscrito

Correspondencia:

Tamara Mariel Romina Gómez ( tmrgomez@hotmail.com )

Fuente de Financiamiento:

Ninguna.

Conflictos de interés:

El presente artículo se desprende de la tesis presentada, evaluada y aprobada por un comité de juradas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, para la obtención del título de Magister en Políticas Sociales.

Editoras responsables:

Shirley Diana Franco Mancuello https://orcid.org/0000-0002-9668-9791 Universidad Nacional de Canindeyú, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Sede Curuguaty. Paraguay.

Paula Emilia Gamarra Ruíz https://orcid.org/0009-0003-1380-5414 Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción". Asunción, Paraguay.

Disponibilidad de los Datos:

Los datos de esta investigación están disponibles en el repositorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (https://repositorio.sociales.uba.ar/), bajo el título "Dispositivos de alojamiento para mujeres en situación de violencia en alto riesgo: una aproximación a hogares de protección integral en dos Municipios del Conurbano Bonaerense (2016-2019) desde el punto de vista de los equipos de trabajo" del año 2021.

Comentarios de evaluación:

Este artículo fue sometido a un proceso de evaluación a través de revisión por pares en modalidad anónima, de acuerdo con la política de transparencia editorial de la revista. Los revisores, que participaron de manera anónima en este proceso, dieron su consentimiento para la publicación de los comentarios emitidos durante la revisión. 

Comentarios de evaluación 1: El artículo propone un tema de abordaje muy interesante, como el funcionamiento de los Hogares de Protección Integral y la dinámica de reproducción de roles de género. No obstante, se sugiere una revisión de la estructura para su publicación, así como añadir información contextual fundamental y reconsiderar algunas afirmaciones sin basamento empírico. En tal sentido, se puntualizan recomendaciones específicas en el próximo apartado.

Comentarios de evaluación 2: Mi recomendación es aceptar la publicación con modificaciones porque el estudio se ajusta al ámbito temático de la revista y contribuye a la discusión sobre políticas de género, siempre y cuando se incorporen los elementos que faltan. En particular, se debería ampliar y estructurar los resúmenes, generar un apartado de declaración ética, normalizar las referencias y revisar el uso del español y del inglés para garantizar claridad y coherencia. Una vez que estos ajustes se realicen en consonancia con los lineamientos de la revista, el artículo va a brindar un valioso aporte.