Violencia de género digital en el Perú: Desafíos legales y educativos

Introducción

Actualmente, con el avance de la tecnología y la constante transformación digital en la que vivimos, las redes sociales han tomado protagonismo en la vida humana, siendo un medio de comunicación que garantiza accesibilidad en línea. Las redes sociales facilitan un espacio libre y democrático, sin embargo, estas se han transformado en un entorno donde emergen nuevas formas de violencia y formas de acoso. Las agresiones en línea constituyen prácticas cada vez más frecuentes, particularmente en adolescentes y jóvenes, quienes forman parte de un grupo vulnerable para los acosadores que utilizan este medio de tecnologías digitales (González Suárez, 2022).

En este sentido, la violencia de género adquiere una dimensión preocupante en el uso de las TIC, ya que origina patrones discriminatorios y prácticas de control que generan dificultades como situaciones psicológicas, emocionales y sociales en las víctimas. En el Perú, la violencia digital se ha convertido en una problemática que afecta directamente cómo nos relacionamos con mujeres, niñas, niños y adolescentes (Gobierno del Perú, 2025).

El Ministerio Público también ha registrado un incremento sostenible en las denuncias con relación al uso indebido de tecnologías digitales. En el año 2024 se reportaron una cantidad de 7,275 de casos de acoso y 3729 sobre acoso sexual y 793 de difusión de imágenes intimas no consentidas (Gobierno del Perú, 2025). Esta enumeración de casos no solo presenta la magnitud del problema, sino también la urgencia de fortalecer la prevención, sanción y atención frente a la violencia digital.

El Estado Peruano ha desarrollado un marco normativo que específicamente engloba la protección ante la violencia de género como una forma de responder a la problemática descrita. Este marco normativo incluye a la Ley n° 30364 (Gobierno del Perú, 2024). Esta norma se orienta a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra mujeres e integrantes de la familia. Del mismo modo, el Decreto Legislativo n°1440 (Diario El Peruano, 2018), incorporó el Artículo n°176-B, el cual se refiere, al crimen sexual en forma de acoso tanto en el contexto presencial y digital. Asimismo, se emitieron los lineamientos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) de modo que la violencia por medio de la tecnología de la información se comienza a reconocer para exigir mecanismos adaptativos de prevención, denuncia y sanciones.

Asimismo, legalmente se insertan políticas y dispositivos para la atención; tal como el Centro de Emergencia Mujer, la línea 100, el Portal Estadístico Programa Nacional Warmi Ñan (2025) y la más reciente cartilla de violencia digital del 2025 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2025). No obstante, la violencia por medio de las TIC es un desafío para el sistema de justicia y sistemas sociales en tanto a la rapidez de la circulación del contenido y la identificación de agentes involucrados para la reparación efectiva.

Por lo tanto, la cartilla busca dar una información clara y accesible sobre principales manifestaciones de la violencia digital y procesos de protección disponibles y las acciones necesarias para promover un uso seguro en la era digital, garantizando entornos libres de violencia y discriminación.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) se definen como el conjunto de herramientas de tecnología, programas informáticos, redes y servicios que son utilizados para el acceso, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información en una serie de formatos distintos. De este modo, se facilita la comunicación entre la administración pública con la ciudadanía que necesita de mecanismos adecuados para la lucha en contra de la violencia de género.

De forma esencial, las TICS tienen varios componentes que las integran para su adecuado uso por parte de todos los ciudadanos. En primer lugar, la tecnología en cuestión tiene que existir físicamente; como las computadoras, así como también debe poseer programas informáticos y aplicaciones. Finalmente, las TICS deben estar conectadas a las redes y proveer servicios. Esto de manera que funcione al respecto del derecho al acceso a la información, comunicación inmediata, el impulso de la innovación en la población y la optimización de procesos para las empresas; ayudándoles a que tomen decisiones seguras e informadas.

Sin embargo, también revelan una perversidad en las personas que utilizan estos medios para infligir violencia en el entorno digital. Especial y tristemente, nos encontramos en una guerra al respecto, haciendo que las poblaciones más vulnerables se vean afectadas; las mujeres, los niños, niñas y adolescentes (Zambrano & Macias, 2023).

La violencia de género es un fenómeno que existe desde tiempos antiguos y, siempre que existan malos elementos entre la gente, seguirá reinventándose. En estas épocas, actitudes violentas al género opuesto pueden manifestarse a través de las TICS en las siguientes formas: Ciberacoso, violencia online, extorsión sexual, exposición no consentida de contenido sexual, el “grooming” de adultos a menores de edad y la incitación a conductas nocivas, autodestructivas o violentas en la realidad.

Domínguez Alonso y Portela Pino (2020), mencionan que la violencia de género a través de la tecnología de la información y la comunicación (TIC), está penetrando entre la población más joven, generando impacto en el género femenino. Esto engloba actitudes de discriminación o abuso de poder que se generan en ambos géneros, causando riesgos a nivel psicológico, físico y social. Según los autores, hacen referencia que los hombres mayormente son quienes tienen conductas que conllevan alto riesgo de ser denominado ciberagresor, mientras que las mujeres son usualmente vistas como ciber-víctimas.

Esta clase de violencia se considera un fenómeno distinto para el ser humano desde que existen las plataformas digitales. El mencionado avance ha generado diversos cambios en la sociedad, uno de los principales es que el sistema aparentemente fortalece el acoso cibernético. Debido a que estos medios de comunicación son tan accesibles, se convierten en una plataforma por la cuál es fácil generar traumas a las víctimas, cada día creciendo el porcentaje de ellas. Esto último se debe a que, como mencionamos, estas plataformas son usadas por mujeres jóvenes, adolescentes, niños y niñas; estas últimas siendo las principales víctimas en razón de que, con engaños, malos elementos pueden abusar de su confianza e inocencia (Serrano-Barquín & Ruiz Serrano, 2013).

Las TIC, en consecuencia, al respecto de su uso, no pueden analizarse de manera aislada de aquellas desigualdades estructurales que atraviesan el Perú; estas incluyen la brecha digital de género, los roles de género tradicionales y la cultura del machismo normalizado frente a mecanismos de control. Los factores mencionados agravan la situación de mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo especialmente en entornos virtuales donde las agresiones se producen más rápida y ampliamente. En este sentido, se hace necesaria la comprensión de las nuevas tecnologías, los conceptos de violencia de género y desigualdad para el diseño de políticas y estrategias preventivas.

En el Perú, la violencia digital, como se ha apreciado, se desarrolla en un contexto de creciente acceso a internet, y uso intensivo de redes sociales, especialmente entre jóvenes. La normativa vigente, la Ley nº 30364 (Gobierno del Perú, 2024) y el Decreto Legislativo nº 1410 (Diario El Peruano, 2018) constituyen avances en la sanción de la violencia de género y el acoso mediante medios digitales. No obstante, diversos informes de la Defensoría del Pueblo y otros organismos internacionales como la ONU, advierten que el marco legal, resulta aún insuficiente frente a la rápida evolución de las tecnologías y las nuevas modalidades de violencia digital.

El objetivo de este estudio es analizar, desde un enfoque cuantitativo, la magnitud, características y tendencias de la violencia digital en el Perú durante los periodos de 2021 al 2024, con el fin de visibilizar cómo este fenómeno afecta de manera diferenciada a niñas, niños, adolescentes y mujeres, quienes representan los grupos más expuestos en entorno de las TIC. De este modo buscamos utilizar los datos estadísticos como evidencia concreta que permita demostrar la vulnerabilidad en espacios digitales

Asimismo, pretendemos mostrar la cartilla de violencia digital, que demuestra que el objeto de análisis, la violencia digital, se ha convertido en un problema creciente expresado en modalidades diversas como ciberacoso, grooming, suplantación de identidad y difusión no consentida de contenido íntimo. Estas prácticas han aumentado en los años más recientes, multiplicándose los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer.

Por último, nuestro estudio busca también, no solo cuantificar la frecuencia de estas manifestaciones, sino también evidenciar los patrones de edad y tipos de violencia originados para dar un diagnóstico claro del fenómeno. De este modo, el análisis estadístico se convierte en un instrumento que respalda la necesidad de fortalecer el marco legal, mejorar los mecanismos de denuncias que existen y consolidar la protección de los derechos en el ámbito digital.

Metodología

Este estudio se ha desarrollado mediante un enfoque cuantitativo, apoyándose en datos estadísticos oficiales que permiten medir la magnitud de la violencia digital en el Perú. Para esto, se utilizaron el registro proveniente del Programa Nacional Aurora, el Ministerio Público y la Alerta contra el acoso virtual, instituciones que recolectan información sobre casos atendidos en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), y denuncias relacionadas con el uso indebido de las tecnologías de la información.

El diseño de esta investigación es de tipo descriptivo, busca identificar cómo se han presentado los casos de violencia digital a lo largo del tiempo y cuáles son las formas más frecuentes. Se examinaron las categorías de tipo de violencia como sexual, física, psicológica y económica, la diferencia de edades entre menores y adultos y el crecimiento de denuncias entre los años 2021 al 2024. Este enfoque permite observar patrones claros y la comparación entre los años señalados.

La población de este estudio está conformada por los casos oficiales inscritos en todo el país. Esto asegura representatividad, aunque se reconoce que no todos los casos llegan a denunciarse del todo, lo cual podría aumentar la real población. Asimismo, la información recogida demuestra con bastante precisión la tendencia creciente del problema.

El tratamiento de los datos se realiza mediante estadística descriptiva utilizando frecuencias, porcentajes y variaciones anuales. Debido a ello, fue posible demostrar cómo la violencia digital ha crecido año tras año y cómo impacta de manera diferenciada a niñas, niños, adolescentes y mujeres, quienes forman los grupos más vulnerables.

El método que se utilizó para obtener la información utilizada para redacción del documento fue la recopilación a partir del Portal Estadístico del Programa Nacional Aurora/Warmi Ñan y de los reportes oficiales del Ministerio Público peruano, que corresponden a los periodos de los años 2021 hasta 2024. En este sentido, fueron descargados y sistematizados para el presente estudio de las bases y los reportes que fueron publicados por las instituciones mencionadas; ello sin tener acceso a registros individuales de las personas afectadas por los sucesos descritos en ellos, ni a información particular que permita identificar a estos sujetos. Todos los casos fueron trabajados con datos descriptivos de la magnitud y las características generales de la violencia digital ejercida dentro del territorio nacional.

Finalmente, la presente investigación fue desarrollada utilizando datos de acceso público, que no involucran directamente evaluación humana o animal, por lo que no requirió de evaluación ni aprobación en lo relativo a la ética del investigador.

Las herramientas utilizadas, son elaboradas principalmente por medio del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables, que nos demuestra la tesis con los datos y categorías de recolección pública. Entonces, identificamos que el propósito es identificar las experiencias, percepciones y formas de demostrar la violencia digital a través de las TIC.

Las dimensiones del cuestionario se desarrollan en torno a los siguientes aspectos teóricos como:

• Número de casos registrados: Se recopiló el número de casos de violencia a través de las TIC reportados al Centro de Emergencia de la Mujer entre los años 2021 hasta el 2024.
• Tipos de violencia digital: Se abarca la violencia en tipos como sexual, física, psicológica y económica en entornos digitales, destacando aquellas más prevalentes como ciberacoso, sextorsión, grooming, suplantación de identidad y la difusión no consentida de contenidos íntimos.
• Grupos etarios afectados: Se analizaron los casos en víctimas menores de 18 años y en adultos jóvenes, teniendo en cuenta que fueron aumentando los casos registrados entre el año 2021 y 2024.

Resultados y Discusión

En los últimos años, hasta el 2024, se ha extendido el uso del internet como arma de violencia, dañando principalmente a las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Estas agresiones son presentadas por medio de las redes sociales, correo electrónico y mensajes de texto, con la finalidad de acosar y chantajear a las víctimas para insertar en ellas un daño moral.

En el Artículo n°8 de la Ley nº 30364 se indica la definición de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, abarcando la violencia física, psicológica, económica y sexual (Gobierno del Perú, 2024). Estos daños son reflejados también por medio de las redes sociales, donde el agresor hace uso de ellas para dañar a sus víctimas usando las TIC.

El Programa Nacional Aurora del Centro de Emergencia Mujer (CEM), ha afrontado 141 casos de violencia a través de las TIC en el año 2024. Fue el número de denuncias más alto desde el año 2021 (Figura 1).

La brecha digital ha ido creciendo en estos últimos años. De la especificidad de los tipos de TIC en el Perú que se han reportado como violencia de género, se tiene que 7 de cada 10 mujeres han pasado por algún tipo de agresión.

El Centro de Emergencia de la Mujer (CEM) ha obtenido resultados en 4 tipos de violencia en los últimos cuatro años (violencia sexual, psicológica, física y económica). Con se visualiza en la figura 2, en el año 2021 se obtuvo un porcentaje de Violencia Económica de un 0,39%, Violencia Física con un 39.56%, Violencia Psicológica con un 46,33% y Violencia Sexual con un 13,17%. Esto a diferencia del año 2022 en el que se obtuvo que en Violencia Económica se tuvo un 0,45%, en Violencia Física un 38,60%, en Violencia psicológica un 43,21% y en Violencia Sexual un 17,74%. En el año 2023 también se recopiló porcentajes de los tipos de violencia que refleja que en Violencia Económica se obtuvo un 0,41%, en Violencia Física se obtuvo un 38,32%, en Violencia Psicológica un 42,74% y en Violencia Sexual se tuvo un 18,54% y por último, en el año 2024 hubo un crecimiento en distintos tipos como en Violencia Económica se obtuvo un 0,41%, Violencia física un 37,80%, Violencia Psicológica un 42,56% y en el Violencia Sexual en estos últimos cuatro años fue el tipo de violencia que tuvo más crecimiento con un 19,22%.

En los años de 2021 al 2024 se obtuvieron más de 20 mil casos de violencia sexual contra menores presentados en el Centro de Emergencia de la Mujer (CEM). Estos se vincularon con un total de 141 casos relacionados con las TICs. Asimismo, los casos más reportados son de menores de 18 años. Por ejemplo, se tiene que en el año 2021 se tuvieron 10 casos atendidos, lo cual aumentó a 14 casos en el año 2022. En el año 2023 se tuvieron 15 casos y, por último, en el año 2024 se tuvieron un total de 41 casos, siendo un aumento dramático. Estos resultados han sido reportados por víctimas menores de 18 años que han sido víctimas de violencia digital a través de la TICS (Figura 3).

Sin embargo, no son las únicas las que sufren de violencia digital a través de plataformas digitales, sino que en caso de adultos entre 18 a 59 años, se tuvo un aumento anual. En el año 2021 se tuvieron 17 casos, en el 2022 fueron 39 casos, en 2023 se reportaron 55 casos y 2024 fueron 99 casos. CEM es una de las primeras instituciones que atienden estos casos mayormente en zonas alejadas y nos muestra los casos reportados en estos años (Figura 3).

En los resultados podemos apreciar que existe un gran aumento de denuncias de violencia digital a través de las TIC que alcanzan cifras mínimas en el año 2021, pero teniendo 141 casos en el año 2024 reportados al CEM. Su aumento se puede entender de dos formas: primero, se evidencia la falta de prácticas preventivas de violencia en las plataformas digitales, y segundo, se muestra la poca disposición de las víctimas a denunciar, y esta situación se sigue difundiendo gracias a las campañas de sensibilización y la visibilidad pública del problema. Lo que se destaca es la claridad en la tendencia ascendente, su avance solo está siendo limitado por que solo se están recopilando casos reportados y denunciados y no se llega a investigar los casos que no han sido reportados por falta informativa, demostrando un desbalance importante.

Han sido diversos los informes que advierten este incremento en las denuncias que refleja una mayor voluntad por visibilizar el problema a la vez que revela para profundidad de los efectos que tiene el mismo en el área psicosocial. En el año 2021, la Defensoría del Pueblo del Perú señaló que la violencia de género en entornos digitales está directamente asociada al surgimiento de ansiedad, depresión, gran vergüenza, aislamiento social y la baja autoestima de las víctimas; ello con especial énfasis en acoso de índole sexual. Cuando algo de esta magnitud es prevalente en la vida de una persona, genera efectos negativos de alto impacto en el rendimiento académico, y sus relaciones familiares, de modo que configura una vulnerabilidad sostenida.

En cuanto a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, la exposición a la violencia puede venir en forma de acoso cibernético, extorsión sexual y difusión de contenido íntimo que interrumpe los proyectos de vida de las poblaciones vulnerables, favoreciendo el abandono de responsabilidades y revictimización permanente por la facilidad con la que los contenidos se difunden. En este aspecto, la cartilla de violencia digital del Gobierno del Perú del 2025 subraya que es necesaria una respuesta legal completa con medidas de acompañamiento psicológico y educativo. Así, los resultados del estudio presente no solo son evidencia de un fenómeno de gran magnitud, sino también de la necesidad de fortalecer el área psicológica nacional en grupos vulnerables.

Según Alcalá Molina (2022), el avance de las TIC en la industria digital ha generado un cambio repentino. Se reportan delitos que se cometen a través de una red social y se ha generado que el alcance de estos llegue a más personas. Por tanto, fue incorporado el Artículo n°176-B al Decreto Legislativo nº1410. Este artículo establece la pena privativa de libertad por causa de delitos cometidos por una red social o por medio del uso de cualquier tecnología.

Las investigaciones de la Defensoría del Pueblo (Gobierno del Perú, 2022) mencionan que los casos siempre aumentan. Esto coincide con los hallazgos internacionales de la ONU-Mujeres, sobre la dificultad de medir la violencia a través de las redes sociales; aumentando los reportes en razón del avance tecnológico. Una explicación aceptable es que la extensión del uso de las plataformas digitales incrementa la mayor oportunidad de contacto abusivo, especialmente entre las zonas rurales donde se acrecienta la llegada tecnológica con el pasar del tiempo.

Las bases de datos disponibles demuestran el alto porcentaje que existe entre los tipos de violencia. La violencia psicológica y física son las que aún son constantes. En tanto la violencia sexual, incrementa gradualmente desde 13,17% en el año 2021 y 19.22% en el 2024. Esto coincide con los hallazgos de la Defensoría del Pueblo (2021) y ONU Mujeres (2025), la cual identifica el ciberacoso y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento que pueden dañar la reputación de la persona. La violencia contra la mujer por las plataformas digitales ha aumentado con una celeridad equivalente al avance tecnológico, reflejando la necesidad de que existan más plataformas de denuncias, charlas educativas que puedan orientar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos en cómo usar las redes sociales con precaución. Por tanto, la fortaleza de este estudio es identificar el nivel de porcentaje de denuncias, tipos de violencia e incluso la debilidad que existe de los testimonios cualitativos que permitan comprender las secuelas emocionales y sociales de las víctimas.

Los menores de 18 años son el sector más vulnerable frente a esta nueva modalidad de violencia, seguidos de los adultos jóvenes. Este estudio se ha enfocado en analizar los sectores y medios por los cuáles se identifica la existencia de violencia de género. Esto pues debido a que los medios analizados establecen un acceso rápido para generar acoso, intimidación y explotación sexual, por medio de plataformas virtuales. Por ello, recomendamos que estos medios de defensa que existen sean más eficientes para todo tipo de zonas. Los sistemas de denuncias deben abarcar incluso módulos más rápidos donde las víctimas sean escuchadas, puedan interponer denuncias y su testimonio sea un medio probatorio efectivo para proceder con una investigación. Asimismo, tengan un proceso con terapias psicológicas, orientaciones educativas digitales preventivas y fortalecer el marco legal actual.

Los resultados del estudio evidencian una tendencia sostenida al incremento de la violencia digital en el Perú durante el periodo 2021–2024. Este crecimiento puede explicarse por diversos factores estructurales. En primer lugar, el aumento del acceso a internet y el uso masivo de redes sociales ha ampliado los espacios de interacción digital, generando mayores oportunidades para la comisión de actos de violencia. En segundo lugar, la falta de alfabetización digital en la población limita la capacidad de prevención y respuesta frente a estos riesgos. Asimismo, la normalización de ciertas conductas en entornos digitales, como el acoso, la difusión de contenido privado o la violencia verbal, contribuye a la reproducción de estas prácticas. Esta situación se ve agravada por la percepción de anonimato y la baja percepción de sanción en los espacios virtuales.

Otro aspecto relevante es el subregistro de casos. Si bien las cifras oficiales muestran un incremento significativo, es probable que la magnitud real del problema sea mayor, debido a que muchas víctimas no denuncian por miedo, vergüenza o desconfianza en las instituciones. En este sentido, el aumento de denuncias también puede interpretarse como un avance en la visibilización del problema y en el acceso a mecanismos de atención.

Sin duda, estos hallazgos permiten observar que la violencia digital no debe ser abordada únicamente como un problema tecnológico, sino como una manifestación de desigualdades sociales y de género que se trasladan al entorno digital. Por ello, su abordaje requiere un enfoque integral que articule políticas públicas, educación, fortalecimiento institucional y participación de la sociedad civil en nuestro país.

Conclusiones

En vista de los resultados obtenidos, se puede apreciar que entre los años 2021 al 2024, hay un aumento significativo de los casos considerados como violencia digital en el Perú. Especialmente, se observa un aumento en aquellos casos cuyos sujetos afectados vienen a ser las mujeres, las niñas, niños y adolescentes; poblaciones consideradas vulnerables en nuestro ordenamiento. Este crecimiento es claramente un reflejo de la expansión de las TIC entre la población y de la obvia falta de mecanismos que el país posee para prevenir estos sucesos. Asimismo, los mecanismos educativos que pueden ser cruciales en la reducción del ciberacoso y la extorsión sexual(sextorsión). La difusión de imágenes no consentidas es uno de los métodos de violencia más extendidos, algo que en una sociedad civilmente responsable debería ser más tomado en cuenta.

Sobre las víctimas ha caído un impacto considerado multidimensional debido a las consecuencias generadas en los diversos campos; siendo los campos psicológico, social y educativo. Cierto es que la violencia ejercida por medio de las TIC se erige como generador de gravísimas consecuencias que afectan el desarrollo personal y emocional de las víctimas. Esto, asimismo, genera una amplificación del daño, perpetuando situaciones de vulnerabilidad y estigmas.

Lo que nos muestran las estadísticas es una insuficiente gestión en cuanto a los sistemas de denuncias, los mecanismos legales y la falta de avances normativos que persistan en el llenado de vacíos jurídicos. El Decreto Legislativo n°1410 es uno de los avances necesarios, pero se queda evidentemente corto ante la rápida evolución de las TIC que sobrepasa los límites de la gestión estatal. Se requiere un fortalecimiento de las plataformas de denuncia, la creación de canales para zonas rurales y una mejora en la respuesta de las instituciones que regulen la violencia digital.

Surge también la necesidad de avanzar en la educación digital como parte de los esfuerzos preventivos de daño. Los resultados obtenidos no hacen más que hacer evidente la urgencia con la que se necesita implementar programas de alfabetización digital, así como campañas de sensibilización para jóvenes. El objetivo de estas medidas sería el fomento de la responsabilidad sobre el uso de TIC para prevenir acoso y explotación en línea.

Finalmente, concluimos que debemos dar mayor importancia al enfoque interinstitucional y de género. Lo cierto es que la lucha contra la violencia digital exige que el Estado coordine con la sociedad civil y las instituciones educativas. Se debe diseñar una política pública educativa para la prevención del daño contra mujeres, garantizando el derecho a entornos digitales libres de violencia.

Notas del manuscrito

Correspondencia:

Willmar José Gallegos Sotomayor ( systemoad1985@gmail.com )

Fuente de Financiamiento:

Ninguno.

Conflictos de interés:

Ninguna.

Editoras responsables:

Shirley Diana Franco Mancuello https://orcid.org/0000-0002-9668-9791 Universidad Nacional de Canindeyú, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Sede Curuguaty. Paraguay.

Paula Emilia Gamarra Ruíz https://orcid.org/0009-0003-1380-5414 Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción". Asunción, Paraguay.

Disponibilidad de los Datos:

La data que se ha utilizado en el presente estudio es de un carácter secundario procedente de fuentes oficiales como lo son las entidades públicas peruanas que tienen la información públicamente accesible. Estas entidades comprenden: El Portal Estadístico del Programa Nacional Warmi Ñan – Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los reportes del Ministerio Público hasta el año 2025. Fueron estos los insumos que se utilizaron en agregado. No se usaron registros personales ni información individual correspondiente a personas particulares que permite su identificación. Estas bases de datos fueron generadas para el análisis y solicitadas formalmente con fines académicos

Contribución de los autores:

Ramiro Israel Trujillo Román ha participado en la tarea de conceptualización y el diseño de estudio necesario, la delimitación del problema y de los objetivos. Asimismo, se encargó de la recopilación y sistematización de los datos estadísticos provenientes del Programa Nacional Aurora/ Warmi Ñan y del Ministerio Público del Perú. Él provee del análisis cuantitativo y la elaboración de tablas y figuras. Willmar José Gallegos Sotomayor participó en la estructuración del marco teórico y normativo que respecta a la violencia digital y de género en el Perú. Así mismo, su contribución se extiende a la redacción de la estructura del trabajo, introducción, metodología, resultados y discusión. Él provee de una visión crítica del manuscrito y atiende a todas las observaciones editoriales. Ambos autores aprueban el artículo y asumen responsabilidad por su contenido.

Comentarios de evaluación:

Este artículo fue sometido a un proceso de evaluación a través de revisión por pares en modalidad anónima, de acuerdo con la política de transparencia editorial de la revista. Los revisores, que participaron de manera anónima en este proceso, dieron su consentimiento para la publicación de los comentarios emitidos durante la revisión. 

Comentarios de evaluación 1: El artículo aborda una problemática actual y relevante como lo es la violencia de género a través de las TIC. Se valora el esfuerzo por presentar datos estadísticos actualizados y por visibilizar una forma de violencia que afecta a grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Comentarios de evaluación 2: Se sugiere aprobar la publicación atendiendo en el tema pertinente y actual.